Puente Chico


De los más de mil setecientos incoados sólo quince se enviaron para su cobro y diez se abonaron 

Concejales del PP haciendo público la denuncia

El Partido Popular denuncia ante la Fiscalía a siete cargos del PSOE por archivo de expedientes urbanísticos 

El PP exige la dimisión en bloque del PSOE local, por ser responsables directos del desastre urbanístico en Chiclana 

 

Los concejales del grupo municipal del Partido Popular presentaron el pasado 21 de agosto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra siete altos cargos del PSOE por haber archivado más de 1.700 sanciones urbanísticas entre los años 2003 y 2006 en el ayuntamiento chiclanero. Los populares acusan al partido socialista de ser los responsables directos del desastre urbanístico en Chiclana, por lo que pidieron la dimisión inmediata del comité local del PSOE. 

José María Román

El Partido Popular ha vuelto a llevar ante la Fiscalía otro asunto urbanístico relacionado con las actuaciones del equipo de gobierno anterior, socialista, en el periodo 2003-2006. Si en julio fue la construcción ilegal en su vivienda del Mayorazgo del concejal del PSOE y secretario de Organización, José Luis Ruiz Piñero, ahora lo denunciado es muchísimo más grave, aunque vuelve a dejar claro que este partido político tenía muy poca memoria, y empeño, para cobrar las sanciones por delito urbanístico.  

Daniel Nieto, secretario provincial del PP, afirmó que estos hechos son un autentico escándalo político, destacando que en Estepota se archivaron 1.500 expedientes, 200 menos que en la localidad chiclanera. Además, destacó que de los más de 1700 expedientes incoados, únicamente se cobraron 10. Estos datos los conocieron tras recibir la documentación solicitada, que le fue denegada por el PSOE cuando gobernaba, obligando a los populares a acudir al juzgado, que decretó que el equipo de gobierno tenía que dárselos. 

Los socialistas son los responsables de la situación urbanística de Chiclana, siendo también los promotores, impulsores y amparadores del caos urbanístico”, afirmó Nieto, que añadió: “La realidad es que se podía hacer cualquier cosa porque los expedientes se incoaban, pero no se solucionaban, morían en un cajón”. Según el secretario provincial, “es un auténtico escándalo político, ya que pueden haber incurrido en un presunto delito de prevaricación por omisión”. 

CIEN MILLONES DE EUROS NO COBRADOS 

Otro de los puntos fundamentales de esta denuncia se basa en el daño contable sufrido por el consistorio chiclanero por el archivo de los expedientes. Los populares calibraron en unos 100 millones de euros las perdidas sufridas, por lo que se ha solicitado la actuación de la Cámara de Cuentas. Este “mirar para otro lado” ha provocado que se creara la sensación de impunidad generada en la ciudad, donde se estima la existencia de unas 30.000 viviendas ilegales.  

El PSOE sabía –agregó Nieto- que si nos daba la información pedida quedaría clara su responsabilidad en el caos urbanístico, con responsabilidades políticas y jurídicas”. También habló del papel jugado por la Junta de Andalucía en este asunto: “Queremos saber qué ha hecho la Junta en estos años, donde no dijo nada. Mucho nos tememos que, por omisión, amparó una situación escandalosa, que ya no existe, pero que deja una mala imagen de Chiclana hacia el exterior y las consecuencias económicas por no hacer bien su trabajo”.
SIETE CARGOS DEL PSOE DENUNCIADOS
 

Manuel Jiménez Barrios

Los concejales y cargos del PSOE denunciados en la trama por un presunto delito de prevaricación por omisión son: José María Román y Manuel Jiménez Barrios (actual director de Deportes de la Junta de Andalucía), alcaldes en el periodo señalado; Juan Jesús Jiménez (actual viceconsejero de Medio Ambiente) y Joaquín Muriano, ex delegado de Urbanismo, y Manuela Moreno, ex delegada de Hacienda. 

 A éstos se le suman Juan Luis Belizón y José Luis Ruiz Piñero, por una denuncia anterior que el PP presentó por la paralización de una sanción urbanística a Piñero, actual concejal del PSOE. Por tanto, son siete los cargos denunciados.  

RESPONSABILIDADES 

La concejala popular Teresa Ruiz-Sillero, por su parte, manifestó que cuando estaba en la oposición pidió esos datos al PSOE y éste se lo negó, acudiendo al juzgado: “Lo que hizo el equipo de gobierno socialista es una práctica perversa en la disciplina urbanística en el Ayuntamiento, donde se construía ilegalmente, se incoaban los expedientes de sanción, pero no llegaban a ningún sitio, con lo que no se disuadía a los constructores ilegales para que no siguieran edificando”. 

El propio coordinador de la red de fiscales de Andalucía, Ángel Núñez, manifestó no hace mucho que “hay que establecer consecuencias sancionadoras para los que, de manera dolosa, no cumplan las funciones encomendadas”, por lo que Ruiz-Sillero aseveró que “pedimos responsabilidades políticas y jurídicas al PSOE”. Los datos reseñados corresponden únicamente al periodo comprendido entre 2.003 y 2.006. 

Juan Jesús Jiménez el día que anunció su marcha

EFECTO LLAMADA 

El primer año se expedientaron a 399 personas, 428 en 2004, 435 al año siguiente y 455 en 2006. El PP ha solicitado ya la misma información del periodo 1.999 – 2.002 “por si era una práctica habitual en la forma de gobernar de los socialistas” y ampliará la denuncia en fiscalía si fuese necesario. Ruiz-Sillero argumentó también que “el caos urbanístico ha sido inducido por el archivo masivo de estos expedientes, produciéndose un efecto llamada y si no ocurría nada se construía con total impunidad”. 

DIMISIÓN Y DISOLUCIÓN DEL COMITÉ LOCAL DEL PSOE 

El presidente local del PP, Nicolás Aragón, pidió la dimisión en bloque de los concejales del Partido Socialista y la disolución del comité local “por ética y honradez”, afirmando que “el PSOE no es digno de representar a nadie en Chiclana”. Comentó así mismo que el daño económico hecho a la ciudad no es sólo lo que se dejó de cobrar “con lo que se podrían haber hecho muchas cosas”, sino que no se pagó al colegio de Arquitectos, ni el impuesto de construcción, ni se urbanizaron las zonas, “siendo los chiclaneros los perjudicados, que ven que tenemos que dotar al extrarradio de servicios, que nos costarán muchos millones de euros”. 

Con esas construcciones ilegales “se han perdido muchas zonas verdes además de crear graves daños medioambientales por las pozas sépticas, los pozos, ilegales también, que se han hecho”. 

PACO LÓPEZ

 


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