Teresa Ruiz-Sillero

El grupo municipal del Partido Popular lleva ante la Fiscalía el caso Ruiz Piñero 

“Jiménez Barrios y Belizón dejaron que el expediente caducase en vez de ejecutarlo, por lo que se produjo una presunta prevaricación”    

El Partido Popular (su grupo municipal) presentó el pasado 22 de julio ante la Fiscalía una denuncia sobre una presunta edificación ilegal del concejal del PSOE, José Luis Ruiz Piñero (), acusando al entonces alcalde, Manuel Jiménez Barrios, y al que fuera concejal de Urbanismo, Juan Luis Belizón, de una presunta prevaricación por no ejecutar el expediente abierto, dejándolo caducar. También denunció al infractor por presunto tráfico de influencias.  

El presidente provincial del Partido Popular, José Loaiza, sacó a la luz las obras ilegales realizadas por el concejal socialista, José Luis Ruiz Piñero, en su vivienda del Mayorazgo hace diez años, donde hizo un cerramiento y una nueva planta sin licencia municipal. En su día aportó datos como que Urbanismo abrió expediente al infractor, poniéndole una multa de 120.000 ptas. y el derribo de lo construido ilegalmente, sin que se llevara a cabo el pago ni el derribo. 

Por todo ello, el grupo municipal ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que investigue si el entonces alcalde, Manuel Jiménez Barrios, y el que era concejal de Urbanismo, Juan Luis Belizón, han cometido una presunta prevaricación al dejar en un cajón el expediente y no ejecutarlo al ser el denunciado miembro del partido en el gobierno y secretario de Organización del mismo. Así mismo, han llevado ante el fiscal un presunto tráfico de influencias por parte de Ruiz Piñero. 

JIMÉNEZ BARRIOS DENEGÓ LA LICENCIA DE OBRAS 

Uno de los puntos en los que se basa el PP para denunciar este caso es que fue el propio Jiménez Barrios, en un decreto de alcaldía, el que denegó la licencia a Ruiz Piñero porque se trataba de una ampliación de vivienda en planta alta de 20 m2. Urbanismo ordenó a la Policía Local que el militante socialista paralizara la obra, lo que no hizo. Una vez finalizadas, el arquitecto municipal emitió un informe en el que decía que las obras realizadas no tenían licencia, que no eran legalizables porque la edificabilidad estaba agotada y procedía la demolición de las mismas.  

Según los populares, “no consta la imposición de la sanción, intento de cobro de la misma e incoación de expediente para la demolición, dejando caducar el expediente abierto y prescribir la infracción, por lo que no se puede retomar el citado expediente sancionador ni ordenarle la demolición”. Para Loaiza, “esto es una presunta prevaricación, por eso, apoyándonos en documentos del propio Ayuntamiento, hemos acudido a la Fiscalía para que investigue”.