Puente Chico


Román saliendo del juzgado

La recepción de la parcela, con seis embargos, por parte del anterior equipo de gobierno llevó al banquillo al ex-alcalde, declarando que no sabía nada  

El juez absuelve a Román por el caso Coto San José, con una sentencia muy dura contra los denunciantes, acusándolos de mala fe y de denuncia falsa 

Éstos han recurrido el fallo ante la Audiencia Provincial de Cádiz, donde se resolverá este asunto

 

            El mismo día que PUENTE CHICO entraba en imprenta el juez del Nº 2 de Chiclana daba el fallo del caso Coto San José, en el que declararon en la vista oral dos arquitectos municipales y el ex–alcalde, José María Román, como imputados, así como José Pedro Butrón, concejal de Izquierda Unida, como testigo. Al día siguiente se hizo pública la sentencia, que ya anunciábamos con varios días de antelación al fallo que se podría archivar (), como así ha sido.  

Cortega e IU lo han recurrido ante la Audiencia Provincial de Cádiz, por lo que la sentencia no es firme y lo dicho por Román, su partido y sus afines sobre la sentencia y las descalificaciones hacia Butrón quedan en un segundo plano. Lo que sí ha sorprendido es la dureza empleada por el juez, aparte de repetir casi lo mismo que manifestó el imputado en su defensa. 

            Muy tranquilo salió José María Román del juzgado, contrastando con el nerviosismo demostrado hasta pocas fechas antes, en las que estaba muy alterado por lo que se jugaba en este primer envite. Su actuación ante el juez demostró que ya sabía lo que pasaría ¡cuatro días después! En el juzgado donde declaró hay más de mil expedientes esperando sentencia, que llevan varios años en un cajón, pero al ex–regidor le han absuelto cuatro días después de declarar, teniendo en cuenta que dos de ellos eran fin de semana. 

            Hablábamos el mes pasado que un presunto fallo procesal podía llevar al archivo del expediente y así sucedió. El PSOE y Román han utilizado el fallo judicial para sacar pecho, natural por otra parte, pero no han dicho toda la verdad en este asunto, ya que han vendido que Román ya está libre de toda culpa, cuando no es así. Lo estaría si los que le acusaron no hubiesen presentado recurso, lo que sí han hecho, por lo que están engañando, de nuevo, a los ciudadanos.

 La sentencia ha sido enviada a decenas de entidades locales y a personas, se han paseado con ella por la calle, se la han mandado vía Internet a otros muchos y hasta la han buzoneado. Mucho trabajo para nada, porque la última palabra todavía no está dicha. 

Parte del fallo judicial

ACTUACIÓN INTACHABLE DE ROMÁN” 

            El juez Julio Serrano archivó el auto porque los hechos denunciados “no son constitutivos de infracción penal”. En los razonamientos jurídicos afirma el juez que la actuación de Román “fue intachable”, cuando éste sabía, aunque lo niegue, de la existencia de los embargos, ya que en el Ayuntamiento constaba documentación sobre esta cuestión y así lo refleja el escrito enviado a una de las empresas que tenían embargada la parcela en cuestión dos meses y medio antes de que el entonces alcalde firmase en Notaría la aceptación de la misma, aparte de haber sido avisado por la empresa Cortega del embargo. 

            Dice también, como declaró Román, que actuó siempre con la aquiescencia y el soporte de los órganos técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, siendo “rutinario” el proceder el regidor, limitándose a firmar la escritura que le presentaron. Califica de falso que aceptase una parcela embargada, “pues el embargo aparece después”.  

¿Cómo puede aparecer después si el gerente de Urbanismo envió dos meses y medio antes el citado escrito a Inselec, uno de los embargantes? Cuando el 30 de agosto el Ayuntamiento, por medio del alcalde accidental, Juan Jesús Jiménez –concejal de Urbanismo también-, firmó el decreto de alcaldía, ya sabían que había seis embargos, lo que contrasta con las declaraciones de Román y el fallo judicial. 

DENUNCIAS FALSAS 

            Lo que más ha llamado la atención de este fallo es lo que dice sobre los denunciantes: “Existen indicios más que suficientes para deducir testimonio por un presunto delito de denuncia falsa, estamos ante una artera utilización de la vía penal con el exclusivo fin de obtener un beneficio económico (Cortega) o político (Butrón)”. También aboga porque se proceda de oficio contra los denunciantes por denuncias falsas “cuando la sentencia sea firme”.  

Cortega quiere cobrar lo que la empresa dueña de la parcela le debe, derecho legítimo por otra parte, por lo que también es legítimo que entre en este asunto judicial ya que advirtió a Román, personalmente, del embargo y por tanto, que no debía aceptar la citada finca.  

Butrón, por su parte, puso en conocimiento de las autoridades judiciales un presunto delito, aportando documentos de ello y dándoselos al Fiscal pera que éste investigara. Tras hacerlo, consideró que podía haber delito y lo llevó al juzgado, siendo aceptado por el mismo juez que ahora exculpa a Román y a los dos arquitectos municipales. Butrón en ningún momento aportó nombre alguno de culpabilidad, limitándose a entregar la documentación que tenía, que no era toda, ya que el PSOE se la denegó. El concejal de IU no estaba personado en el proceso, y declaró como testigo. 

ATAQUE A BUTRÓN 

            Los socialistas han utilizado el fallo judicial para atacar a José Pedro Butrón, al que han acusado de todo y han llegado a pedir su dimisión, aparte de las lindezas que un político de un pueblo cercano, experto en ilegalidades cuando mandaba (baste recordar su brillante actuación en el asunto del vertedero ilegal de El Berrueco), le dedicó. Butrón no denunció (lo hizo el Fiscal -y después el juez que ha absuelto al ex–alcalde-, tras ver la documentación presentada por el concejal de IU), que por tanto no puede recurrir porque declaró como testigo y no le ha llegado el fallo para que lo pueda hacer. Sí le llegó a los compañeros de partido denunciantes, que presentaron el consiguiente recurso.

 

La sentencia no tiene desperdicio

JIMÉNEZ BARRIOS, LA OTRA PATA DEL BANCO 

            Por si faltaba alguien, el alcalde que dejó tirados a los chiclaneros para irse a su retiro dorado en la Junta, Manuel Jiménez Barrios, mentor y maestro de Román en cómo gestionar un ayuntamiento saltándose la ley continuamente (hay decenas de sentencias, FIRMES, que lo demuestran), también salió en defensa de éste y pidiendo al cuatripartito que sean capaces de canalizar las fuerzas de creación, creatividad y empuje que tienen los chiclaneros, “en vez de estar mirando lo que se hizo en el pasado. El gobierno local tiene la obligación de no meterse en pleitos que a nada conducen”. Jiménez Barrios es el más interesado en que no se mire al pasado, porque el suyo como alcalde dejó mucho que desear.  

BORRAR EL PASADO 

Y de lo segundo, entiende mucho, no en vano su equipo de gobierno se ha metido en numerosos pleitos que sólo condujeron a demostrar que el cumplimiento de la ley no era una prioridad, perdiendo la inmensa mayoría de ellos (Manuel Domínguez, jefe okupa de la Policía, bases para nuevos agentes, planes urbanísticos, carpas de Sancti Petri, policías que no hicieron los cursos preceptivos antes de ejercer sus funciones y que han estado prestando servicios ilegalmente durante años; no publicación de las Normas Subsidiarias en el BOP, pero sí ejecutando dichas normas a pesar de ser ilegal; numerosos varapalos con el PGOU fallando en contra de éste por diversas ilegalidades, vertedero de La Victoria, donde compró el silencio de los denunciantes para que no ejecutaran el fallo judicial, etc.).  

El siguiente paso de este proceso tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde los denunciantes presentarán sus argumentos y documentos para tratar de demostrar la actuación presuntamente ilegal del anterior alcalde en el caso Coto San José.  

 

Izquierda Unida no comparte el auto judicial y lo recurre 

La Asamblea Local de Izquierda Unida de Chiclana está convencida de los hechos que pusimos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Cádiz. Nuestros abogados están analizando el contenido del mismo. Consideramos que hay hechos innegables, no reconocidos en el auto y siempre vamos a defender el interés general y el patrimonio público. 

Manifiesta nuestra disconformidad con el contenido del auto judicial en relación al caso Coto San José, no compartimos en ninguno de sus extremos lo dictado por el juez. Hay que recordar que la imputación del señor Román se hizo por parte del propio juez que dicta el auto, tras recibir la correspondiente denuncia proveniente de fiscalía, que es la que tramita esta actuación, remitiendo los hechos al juzgado correspondiente. Actuación de la misma con la que estuvimos y seguimos estando totalmente de acuerdo, ya que entendemos que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito y existen muchos indicios para considerarlo de esa manera. 

Desde Izquierda Unida el mensaje que se quiere transmitir a los ciudadanos es de tranquilidad por el deber cumplido, ya que es obligación de cualquier cargo, organización pública o particular, poner en conocimiento de la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, cualquier actuación en el ámbito de lo público que pudiera constituir delito.  

Ésa fue la actuación de la organización en este caso, siempre buscando la defensa del patrimonio municipal, y además la propia Fiscalía fue la que apreció esos indicios de delito penal y elevó la denuncia al juzgado tal y como recoge el propio auto. Las responsabilidades que pudiera tener algún político parten, como de todos es bien sabido, de la imputación posterior que realizó el mismo juez. 

Los hechos trasladados a la fiscalía y posteriormente denunciados por la misma, entendemos que es una verdad absoluta, puesto que el entonces alcalde ratificó en la notaría una escritura de aceptación de la parcela cuando los embargos ya eran conocidos por parte del propio Ayuntamiento. A Izquierda Unida le ha causado sorpresa y estupor la calificación como posible denuncia falsa el poner en conocimiento de la Fiscalía hechos que podían constituir delito (tal y como es obligación de cualquier cargo u organización pública), habida cuenta además que tanto esa misma fiscalía como el propio juzgado admitieron esta comunicación por parte de Izquierda Unida y actuaron de oficio, incluso el propio juez imputó a José María Román como presunto culpable. 

 

PACO LÓPEZ

 


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