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Román saliendo
del juzgado |
La recepción de la parcela, con
seis embargos, por parte del anterior equipo de gobierno llevó al
banquillo al ex-alcalde, declarando que no sabía nada
El juez absuelve a Román por
el caso Coto San José, con una sentencia muy dura contra los
denunciantes, acusándolos de mala fe y de denuncia falsa
Éstos han recurrido el fallo ante
la Audiencia Provincial de Cádiz, donde se resolverá este asunto
El mismo día que PUENTE CHICO entraba en imprenta el
juez del Nº 2 de Chiclana daba el fallo del caso Coto San
José, en el que declararon en la vista oral dos arquitectos
municipales y el ex–alcalde, José María Román, como imputados, así
como José Pedro Butrón, concejal de Izquierda Unida, como testigo.
Al día siguiente se hizo pública la sentencia, que ya anunciábamos
con varios días de antelación al fallo que se podría archivar (
),
como así ha sido.
Cortega
e IU lo han recurrido ante la Audiencia Provincial de Cádiz, por lo
que la sentencia no es firme y lo dicho por Román, su partido y sus
afines sobre la sentencia y las descalificaciones hacia Butrón
quedan en un segundo plano. Lo que sí ha sorprendido es la dureza
empleada por el juez, aparte de repetir casi lo mismo que manifestó
el imputado en su defensa.
Muy
tranquilo salió José María Román del juzgado, contrastando
con el nerviosismo demostrado hasta pocas fechas antes, en las que
estaba muy alterado por lo que se jugaba en este primer envite. Su
actuación ante el juez demostró que ya sabía lo que pasaría ¡cuatro
días después! En el juzgado donde declaró hay más de mil expedientes
esperando sentencia, que llevan varios años en un cajón, pero al
ex–regidor le han absuelto cuatro días después de declarar, teniendo
en cuenta que dos de ellos eran fin de semana.
Hablábamos el mes pasado que un presunto fallo procesal
podía llevar al archivo del expediente y así sucedió. El PSOE y
Román han utilizado el fallo judicial para sacar pecho, natural por
otra parte, pero no han dicho toda la verdad en este asunto, ya que
han vendido que Román ya está libre de toda culpa, cuando no es así.
Lo estaría si los que le acusaron no hubiesen presentado recurso, lo
que sí han hecho, por lo que están engañando, de nuevo, a los
ciudadanos.
La
sentencia ha sido enviada a decenas de entidades locales y a
personas, se han paseado con ella por la calle, se la han mandado
vía Internet a otros muchos y hasta la han buzoneado. Mucho
trabajo para nada, porque la última palabra todavía no está dicha.
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Parte del fallo
judicial |
“ACTUACIÓN
INTACHABLE DE ROMÁN”
El juez Julio Serrano archivó el auto porque los
hechos denunciados “no son constitutivos de infracción penal”.
En los razonamientos jurídicos afirma el juez que la actuación de
Román “fue intachable”, cuando éste sabía, aunque lo niegue,
de la existencia de los embargos, ya que en el Ayuntamiento constaba
documentación sobre esta cuestión y así lo refleja el escrito
enviado a una de las empresas que tenían embargada la parcela en
cuestión dos meses y medio antes de que el entonces alcalde firmase
en Notaría la aceptación de la misma, aparte de haber sido avisado
por la empresa Cortega del embargo.
Dice también, como declaró Román, que actuó siempre con
la aquiescencia y el soporte de los órganos técnicos y jurídicos del
Ayuntamiento, siendo “rutinario” el proceder el regidor,
limitándose a firmar la escritura que le presentaron. Califica de
falso que aceptase una parcela embargada, “pues el embargo
aparece después”.
¿Cómo
puede aparecer después si el gerente de Urbanismo envió dos meses y
medio antes el citado escrito a Inselec, uno de los
embargantes? Cuando el 30 de agosto el Ayuntamiento, por medio del
alcalde accidental, Juan Jesús Jiménez –concejal de Urbanismo
también-, firmó el decreto de alcaldía, ya sabían que había seis
embargos, lo que contrasta con las declaraciones de Román y el fallo
judicial.
DENUNCIAS FALSAS
Lo que más ha llamado la atención de este fallo es lo
que dice sobre los denunciantes: “Existen indicios más que
suficientes para deducir testimonio por un presunto delito de
denuncia falsa, estamos ante una artera utilización de la vía penal
con el exclusivo fin de obtener un beneficio económico (Cortega)
o político (Butrón)”. También aboga porque se proceda de
oficio contra los denunciantes por denuncias falsas “cuando la
sentencia sea firme”.
Cortega
quiere cobrar lo que la empresa dueña de la parcela le debe, derecho
legítimo por otra parte, por lo que también es legítimo que entre en
este asunto judicial ya que advirtió a Román, personalmente, del
embargo y por tanto, que no debía aceptar la citada finca.
Butrón, por su parte, puso en conocimiento de las autoridades
judiciales un presunto delito, aportando documentos de ello y
dándoselos al Fiscal pera que éste investigara. Tras hacerlo,
consideró que podía haber delito y lo llevó al juzgado, siendo
aceptado por el mismo juez que ahora exculpa a Román y a los dos
arquitectos municipales. Butrón en ningún momento aportó nombre
alguno de culpabilidad, limitándose a entregar la documentación que
tenía, que no era toda, ya que el PSOE se la denegó. El concejal de
IU no estaba personado en el proceso, y declaró como testigo.
ATAQUE A BUTRÓN
Los socialistas han utilizado el fallo judicial para
atacar a José Pedro Butrón, al que han acusado de todo y han
llegado a pedir su dimisión, aparte de las lindezas que un político
de un pueblo cercano, experto en ilegalidades cuando mandaba (baste
recordar su brillante actuación en el asunto del vertedero
ilegal de El Berrueco), le dedicó. Butrón no denunció (lo hizo el
Fiscal -y después el juez que ha absuelto al ex–alcalde-, tras ver
la documentación presentada por el concejal de IU), que por tanto no
puede recurrir porque declaró como testigo y no le ha llegado el
fallo para que lo pueda hacer. Sí le llegó a los compañeros de
partido denunciantes, que presentaron el consiguiente recurso.
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La sentencia no
tiene desperdicio |
JIMÉNEZ BARRIOS, LA OTRA PATA DEL BANCO
Por si faltaba alguien, el alcalde que dejó tirados a
los chiclaneros para irse a su retiro dorado en la Junta, Manuel
Jiménez Barrios, mentor y maestro de Román en cómo gestionar un
ayuntamiento saltándose la ley continuamente (hay decenas de
sentencias, FIRMES, que lo demuestran), también salió en defensa de
éste y pidiendo al cuatripartito que sean capaces de canalizar las
fuerzas de creación, creatividad y empuje que tienen los
chiclaneros, “en vez de estar mirando lo que se hizo en el
pasado. El gobierno local tiene la obligación de no meterse en
pleitos que a nada conducen”. Jiménez Barrios es el más
interesado en que no se mire al pasado, porque el suyo como alcalde
dejó mucho que desear.
BORRAR EL PASADO
Y de
lo segundo, entiende mucho, no en vano su equipo de gobierno se ha
metido en numerosos pleitos que sólo condujeron a demostrar que el
cumplimiento de la ley no era una prioridad, perdiendo la inmensa
mayoría de ellos (Manuel Domínguez, jefe okupa de la
Policía, bases para nuevos agentes, planes urbanísticos, carpas de
Sancti Petri, policías que no hicieron los cursos preceptivos antes
de ejercer sus funciones y que han estado prestando servicios
ilegalmente durante años; no publicación de las Normas Subsidiarias
en el BOP, pero sí ejecutando dichas normas a pesar de ser ilegal;
numerosos varapalos con el PGOU fallando en contra de éste por
diversas ilegalidades, vertedero de La Victoria, donde compró
el silencio de los denunciantes para que no ejecutaran el fallo
judicial, etc.).
El
siguiente paso de este proceso tendrá lugar en la Audiencia
Provincial de Cádiz, donde los denunciantes presentarán sus
argumentos y documentos para tratar de demostrar la actuación
presuntamente ilegal del anterior alcalde en el caso Coto San José.
Izquierda Unida no comparte el auto judicial y lo
recurre
La Asamblea Local de Izquierda Unida de Chiclana
está convencida de los hechos que pusimos en
conocimiento de la Fiscalía Provincial de Cádiz.
Nuestros abogados están analizando el contenido del
mismo. Consideramos que hay hechos innegables, no
reconocidos en el auto y siempre vamos a defender el
interés general y el patrimonio público.
Manifiesta nuestra disconformidad con el contenido
del auto judicial en relación al caso Coto San
José, no compartimos en ninguno de sus extremos
lo dictado por el juez. Hay que recordar que la
imputación del señor Román se hizo por parte del
propio juez que dicta el auto, tras recibir la
correspondiente denuncia proveniente de fiscalía,
que es la que tramita esta actuación, remitiendo los
hechos al juzgado correspondiente. Actuación de la
misma con la que estuvimos y seguimos estando
totalmente de acuerdo, ya que entendemos que los
hechos denunciados pueden ser constitutivos de
delito y existen muchos indicios para considerarlo
de esa manera.
Desde Izquierda Unida el mensaje que se quiere
transmitir a los ciudadanos es de tranquilidad por
el deber cumplido, ya que es obligación de cualquier
cargo, organización pública o particular, poner en
conocimiento de la autoridad competente, en este
caso la Fiscalía, cualquier actuación en el ámbito
de lo público que pudiera constituir delito.
Ésa fue la actuación de la organización en este
caso, siempre buscando la defensa del patrimonio
municipal, y además la propia Fiscalía fue la que
apreció esos indicios de delito penal y elevó la
denuncia al juzgado tal y como recoge el propio
auto. Las responsabilidades que pudiera tener algún
político parten, como de todos es bien sabido, de la
imputación posterior que realizó el mismo juez.
Los hechos trasladados a la fiscalía y
posteriormente denunciados por la misma, entendemos
que es una verdad absoluta, puesto que el entonces
alcalde ratificó en la notaría una escritura de
aceptación de la parcela cuando los embargos ya eran
conocidos por parte del propio Ayuntamiento. A
Izquierda Unida le ha causado sorpresa y estupor la
calificación como posible denuncia falsa el poner en
conocimiento de la Fiscalía hechos que podían
constituir delito (tal y como es obligación de
cualquier cargo u organización pública), habida
cuenta además que tanto esa misma fiscalía como el
propio juzgado admitieron esta comunicación por
parte de Izquierda Unida y actuaron de oficio,
incluso el propio juez imputó a José María
Román como presunto culpable.
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PACO
LÓPEZ