Puente Chico

El juzgado nº 2 de Chiclana desestima íntegramente la demanda de la concejala socialista contra el edil de IU, porque las críticas son a la actividad pública

Cándida Verdier pierde el juicio contra José Pedro Butrón, al que acusó de intromisión en su honor

Las declaraciones del concejal hacían referencia a su actuación cuando era delegada de Policía, defendiendo a algunos de los que sus agentes detenían

El juzgado nº 2 de Chiclana ha desestimado íntegramente la demanda presentada por la concejala socialista, Cándida Verdier, contra el edil de Izquierda Unida, José Pedro Butrón, al que absolvió de las pretensiones de la denunciante, que emprendió acciones judiciales para proteger su honor tras unas declaraciones efectuadas por el denunciado sobre las actuaciones de Verdier cuando era concejala de Policía. También la ha condenado a pagar las costas del juicio. Ésta ha recurrido la sentencia, aunque tiene escasas posibilidades de prosperar tras la contundencia del juez en su resolución.

Estaba Cándida Verdier en el poder, faltaban pocas fechas para las elecciones municipales y no le gustaron unas declaraciones del concejal de Izquierda Unida, José Pedro Butrón, sobre sus actuaciones al frente de la concejalía de Policía, de la que salió por patas tras presentar su dimisión después de que PUENTE CHICO publicara que estaba defendiendo a personas detenidas por sus agentes.

Esta forma de actuar fue trasladada al alcalde de entonces, Manuel Jiménez Barrios, por el Oficial Jefe, Manuel Domínguez, pero el regidor, en vez de cesar inmediatamente a Verdier la cambió de delegación y abrió expediente al jefe policial, que había cumplido con su deber, ya que tras ser informado por dos agentes que fueron a testificar contra unos detenidos por ellos meses atrás, se encontraron que la abogada defensora de éstos era su propia concejala, a la que ya advirtieron los sindicatos cuando fue nombrada para esta concejalía que no sería ético que, como abogada de oficio, defendiera a quienes ellos detenían. Verdier dijo que en ese caso se inhibiría, pero la realidad fue otra.

A esto se refería Butrón y fue lo que desató la ira de Verdier y lo denunció en el juzgado. La edila socialista pidió en su denuncia que se dictara sentencia en la que se declarase “que se ha producido una intromisión ilegítima en su honor en unas declaraciones emitidas por Chiclana Televisión los días 2 y 3 de mayo de 2007”. Pedía así mismo que se condenara al edil de IU a publicar a su costa la sentencia que se dicte en el mismo medio y programa y a indemnizarla “con la suma de seis mil euros más costas”.

Las declaraciones que realizó en rueda de prensa el portavoz de Izquierda Unida reseñaban que “…cuando sale la sra. Cándida Verdier arremetiendo contra la oposición con este tema de legalidad en la Policía Local, habrá que recordarle que ella tuvo que dimitir de delegada de la Policía por no cumplir con la ley. Porque ella como delegada de Policía, multaba a determinados ciudadanos en representación del Ayuntamiento y a su vez a algunos de ellos los defendía como abogada en su vida particular, en su vida privada, y ante eso habrá que recordarle que ella tuvo que dimitir…”.

Butrón se opuso a la demanda en base al carácter o relevancia pública de los hechos reflejados en sus declaraciones, a la veracidad de las mismas y al contexto en el que fueron difundidas.

En el punto segundo de los fundamentos de derecho se habla del derecho al honor y dice textualmente que “el contenido del derecho al honor es problemático, porque la determinación de cuánto se lesiona el aprecio social, la buena fama o la reputación ha de hacerse necesariamente por remisión a pautas generalmente aceptadas y como es obvio, ello comporta un no desdeñable margen de apreciación subjetiva”. Se cita a continuación la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, el artículo 7, que dedica sólo su último apartado a describir las agresiones al honor en términos muy vagos.

Los principales problemas se plantean, como en este caso, “cuando entra en colisión el mencionado derecho al honor con los derechos de libertad de expresión e información”. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha consagrado en estos casos “la prevalencia de la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor”. Dice también que quienes ocupan cargos públicos tienen un especial deber “de soportar la visibilidad y la crítica y, por tanto, no pueden invocar los derechos a la intimidad y al honor con la misma amplitud que los simples particulares, sin perjuicio, claro está, de que esa posición de prevalencia del derecho a la libertad de expresión no puede en modo alguno comprender o amparar opiniones o noticias sobre aspectos privados de la persona que nada tengan que ver con su relevancia pública ni tampoco tal preponderancia puede justificar el insulto o la vejación”.

Así se refleja en el punto tercero. Señala el juez que las críticas de Butrón a Verdier “no se refieren a su vida particular, no inciden de ninguna manera en su intimidad o en su vida privada sino que se refieren a hechos puntuales y que tienen que ver con el desempeño de su tarea política como concejal del mismo ayuntamiento y en relación con el cargo que desempeñó como delegada de Policía Local”. Continúa el punto tercero hablando sobre las declaraciones de Butrón, “que vienen a poner de manifiesto cierta irregularidad que se produjo en el desempeño del cargo de delegada de Policía, ya que al mismo tiempo ésta (Verdier), en el ejercicio de su actividad profesional, defendía a personas que previamente había detenido la Policía Local”.

“Sentada la anterior doctrina relativa a la mayor visibilidad –agrega- o crítica a la que están sometidos los cargos públicos, es evidente que la demanda del presente procedimiento ha de ser íntegramente desestimada”. “Las declaraciones de Butrón lo son “en calidad de concejal, de cargo público, y se refieren no a cuestiones íntimas o particulares de la demandante, sino más bien al contrario, a un tema relacionado con su actividad pública, a la probable incompatibilidad entre el cargo que ostentaba Cándida Verdier y su desempeño profesional”.

La información dada por el edil de IU “no puede considerarse imprecativa, vejatoria o mendaz sino que al encuadrarse dentro de la crítica a la que están sometidos los cargos públicos y dentro de sus facultades de control que la oposición política puede ejercer contra el que ostente el poder en cada momento”. Negar tal posibilidad “supondría negar la propia democracia pues la libertad de expresión e información en materia política prácticamente no conoce límites, incluso si se defienden posiciones inquietantes, se utilizan términos duros o se ven afectadas las relaciones exteriores de un Estado y así lo ha consagrado el TEDH en numerosas resoluciones”.

Más claro no se puede decir. Finaliza este punto afirmando que lo dicho por Butrón “está amparado por la libertad de expresión, mayor aún si cabe cuando del juego político se trata por la veracidad así como por la veracidad de las mismas, pues resulta incontrovertido que la concejala fue apartada o dimitió de tal cargo debido a la irregularidad que suponía ostentar tal delegación con el ejercicio de su actividad profesional”.

José Pedro Butrón: “Quiero una rectificación pública de Cándida Verdier”

El concejal demandado, José Pedro Butrón, ha sido claro al enterarse de la sentencia absolutoria: “He tenido que aguantar de todo en estos meses, tránsfuga, traidor, pacto por la pasta, etc., y sin embargo me denunció por algo que había pasado y que fue muy sonado, que tuvo que dimitir por ello y eso fue lo que comenté”. “Tras aguantar tantas mentiras a diario y falsas acusaciones –agrega- la Justicia viene a darme la razón, y si hay alguien que no falta a la verdad ése soy yo”.

El edil de Izquierda Unida fue duro con Verdier: “Le exijo una rectificación pública, ya que publicitó en los medios de comunicación que me había demandado y por eso espero una disculpa en esos mismos medios”.

El PSOE ha gobernado con la ilegalidad bajo el brazo

O sea, que el juez que ha llevado este caso dice varios años después de haberlo dicho esta revista, que lo que hizo Cándida Verdier fue una irregularidad. Para el PSOE y Jiménez Barrios no mereció ni una amonestación y sirvió para seguir persiguiendo a Manuel Domínguez. Así ha actuado continuamente el equipo de gobierno socialista en los 28 años que ha estado en el poder. Se ha saltado la ley con una facilidad que provoca terror sólo de pensarlo, haciendo caso omiso a las leyes, sindicatos, Junta de Personal, etc., y en la Policía las ilegalidades han sido numerosísimas.

Verdier ha sido una concejala nefasta, lo sigue siendo, inepta en el desempeño de sus cargos políticos. Es incomprensible que siendo abogada en sus delegaciones se hayan cometido tantas ilegalidades, y menos aún que las defendiera. Su alegato a favor del nombramiento del jefe de la Policía okupa, Romero Rubiales, cuando había una sentencia del TSJA declarando su ilegalidad, fue patético. No nos extraña que el Ayuntamiento gobernado por el PSOE infringiera la ley a menudo y perdiera la mayoría de los juicios. En abril puede haber otra bomba judicial y la de Verdugo está al caer. Buenos ejemplos nos han dado los socialistas.

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