El
cierre del vertedero de La Victoria sigue creando
controversias entre el Consistorio y la Junta de Andalucía
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Vertido
descontrolado de escombros y basuras en La Victoria |
El
Ayuntamiento presentará un recurso contencioso administrativo contra
la Junta de Andalucía por la forma en que clausuró esta instalación
La delegación provincial de medio Ambiente se niega a pagar el
sellado alegando que es una finca privada, cuando en El Berrueco,
también privado, sí lo hizo
El
concejal de Medio Ambiente, José Pedro Butrón, anunció que el
Ayuntamiento presentará un recurso contencioso administrativo contra
la orden de cierre del vertedero de La Victoria dada por la
Junta de Andalucía, ya que los plazos dados “eran imposibles de
cumplir al ser sólo de cuarenta y cinco días, no habiendo tampoco
coordinación entre ambas administraciones”.
Esta
demanda está pendiente del escrito que la Junta de Andalucía debe
remitir al Ayuntamiento con el expediente de cierre del vertedero de
La Victoria. Una vez lo tengas en sus manos lo estudiarán y
presentarán el contencioso contra la administración autonómica.
También va a solicitar dinero a la Junta para el sellado de esta
instalación, que aporta la Unión Europea con sus fondos: “Lo hace
en otros municipios andaluces y también está obligada a llevarlo a
cabo aquí, para que los ciudadanos no tengan que pagar las
irregularidades y la falta de previsión de la Junta y los anteriores
gobiernos municipales del PSOE, que son los responsables”,
afirmó José Pedro Butrón, edil de Medio Ambiente.
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| José Pedro
Butrón, concejal de Medio Ambiente. |
AGRAVIO COMPARATIVO
Lo
sucedido con La Victoria es, según el concejal, “un
agravio comparativo respecto a otras poblaciones y vertederos, El
Berrueco sin ir más lejos, que la Junta selló (pagó 25 millones
de pesetas)”. La demanda se presentará por haber cerrado el
vertedero de forma sorpresiva. Estas actuaciones de la Junta hacen
recelar al equipo de gobierno: “No nos gustaría pensar que se
maltrata a Chiclana porque no gobierna el PSOE y que es el brazo
ejecutor”.
De
todas formas, el Ayuntamiento está buscando alternativas con vista
al futuro, “que es lo que no ha hecho el anterior gobierno local
ni la Junta, que miraron para otro lado durante catorce años”.
TRATAMIENTO DE ESCOMBROS
El
cierre del vertedero ha llevado consigo que los transportistas que
llevaban allí sus escombros, sin separar y mezclados con todo tipo
de basuras, o sea, sin cumplir la normativa legal. Pese a ello, han
solicitado al Ayuntamiento poder seguir vertiendo de esa forma en
otro lugar, a lo que se ha negado el edil de Medio Ambiente: “Hemos
hablado con los de los vertederos de escombros (legales) para
que reduzcan el precio, pero nadie nos puede pedir que incumplamos
la ley”.
Esto
condujo primero a dejar estos desechos en Pelagatos, en unas cubas,
actuación también ilegal, y posteriormente a una manifestación que
disfrazaron con otras peticiones y con lema ya sabido. Estos
transportistas se niegan a pagar lo que otros abonan desde hace
años, más caro, pero que cumple la ley.
Señala Butrón que lo lamentable es que “desde 2003 el PSOE no
hizo nada para buscar las soluciones, legales, encaminadas a la
gestión de los residuos, que nos ha llevado a esta situación”.
Butrón afirmó que “hay que buscar la buena gestión de los
escombros, ya que la ilegalidad sale más cara y ahora lo estamos
comprobando”.
También manifestó el responsable municipal de Medio Ambiente que
Chiclana “ha sido el vertedero de escombros de la Bahía y hay que
acabar con ello, y para eso es necesario una reunión con los demás
Ayuntamientos para buscar una salida al problema”.
REUNIÓN DE LA MANCOMUNIDAD
El
delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, José Pedro Butrón, asistió
el pasado 25 de enero a la reunión de la Mancomunidad de Municipios
de la Bahía de Cádiz, donde se debatió, a petición suya, sobre la
situación en que se encuentra la gestión de los residuos en
Chiclana, después del cierre del vertedero de La Victoria por
parte de la Junta de Andalucía.
Una
vez expuesta la problemática del sellado del vertedero por parte del
edil chiclanero y las consecuencias de esta actuación, tanto para la
gestión de residuos como de escombros, los representantes de los
diversos municipios de la Bahía se comprometieron a “estudiar la
situación con detenimiento”, para poder colaborar en la medida
de sus posibilidades.
La
Junta de Gobierno de la Mancomunidad acordó crear el compromiso
entre los diferentes Ayuntamientos para que la aprobación de las
ordenanzas reguladoras de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
y su puesta en práctica se lleve a cabo a la mayor brevedad. Las
Corporaciones se han comprometido a solicitar la colocación de
varias cubas en las obras que se lleven a cabo en los municipios
para que la separación de residuos se lleve a cabo desde el origen y
facilitar así su reciclaje posterior.
CHANTAJE
Respecto a las negociaciones con el propietario del vertedero de
La Victoria, Butrón ha manifestado que “es cierto que ya no
estamos realizando el acopio en esta finca porque no estamos
dispuestos a que se juegue al chantaje con los chiclaneros, que son
los verdaderos afectados”. Según el edil, una vez que se había
firmado el acuerdo para realizar el acopio en esta finca varias
semanas antes, el propietario cerró hace unos días el paso a los
camiones porque exigía unas nuevas condiciones.
Entre
éstas, que se le adjudicara el
mantenimiento del vertedero clausurado, abonándole el Ayuntamiento
150 euros por cada hora de utilización de la maquinaria de
mantenimiento. Además, Sánchez de los Reyes solicitó que el
Consistorio le abonara el arrendamiento de las 22 hectáreas donde se
ubica el vertedero. A
juicio de Butrón, “estas condiciones son inasumibles, mucho más
si se tiene en cuenta que por la explotación del vertedero ya había
percibido desde el año 2000 más de cinco millones de euros”.
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El Berrueco lo
selló la Junta de Andalucía, y era privado |
ACOPIO DE RESIDUOS
En cualquier caso, como medida de urgencia, y ante la imposibilidad
de llegar a un acuerdo con el propietario de La Victoria, el
acopio de residuos se está realizando desde hace varios días en la
finca El Carrascal, situada en la carretera de Medina, frente
al cementerio mancomunado.
Finalmente, el delegado de Medio Ambiente ha lamentado la actitud
del propietario de La Victoria “que ha intentando
aprovecharse de la situación, chantajeando al Ayuntamiento”, y
de la propia Junta de Andalucía “que sigue mirando hacia otro
lado sin prestar ningún tipo de apoyo ni ayuda a Chiclana, cuando en
otras localidades se ha hecho cargo del sellado de vertederos de
propiedad privada”.
LA
JUNTA
NO
FINANCIARÁ EL SELLADO
La
delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo,
manifestó sobre el sellado del vertedero que la Junta de Andalucía “no
lo financiará ya que se trata de una instalación localizada en una
finca privada y de cuya actividad se han beneficiado durante años
sus propietarios". Añadió que “no se puede establecer
comparación con otras actuaciones de similar naturaleza apoyadas
económicamente por la Junta en otras zonas de Andalucía por tratarse
en tales casos de terrenos de titularidad pública". El coste del
sellado asciendo a unos tres millones de euros.
José
Pedro Butrón, por su parte, considera que las declaraciones vertidas
por la delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, son
fruto del desconocimiento o de la falta de información sobre las
actuaciones que ha llevado a cabo durante los últimos años la Junta
de Andalucía en otros vertederos andaluces.: “La delegada
provincial desconoce que la Junta de Andalucía ha sufragado el
sellado de vertederos en fincas privadas y como ejemplo más cercano
está el de El Berrueco, en el término de Medina Sidonia, en el que
actualmente se han realizado actuaciones para intentar reparar las
labores de sellado llevadas a cabo por EGMASA hace unos años".
CHICLANA DISCRIMINADA POR LA JUNTA
Butrón ha manifestado que “no consentirá que se siga
discriminando a Chiclana por parte de la Junta de Andalucía” y
le parece indignante que la delegada provincial no haya tenido
tiempo de recibir al alcalde de Chiclana, encuentro solicitado el 25
de noviembre, y sí para leer el programa electoral de Izquierda
Unida.
“Araujo
–aseveró-también desconoce que en el expediente de Autorización
Ambiental Integrada constan dos informes de la Gerencia Municipal de
Urbanismo donde aparece que la finca de La Victoria se
encuentra en una zona donde está prohibido el uso de vertedero, en
el segundo de ellos además se especifica que el vertedero de La
Victoria es una instalación que con el actual PGMO queda fuera de
ordenación con carácter sustantivo y, por tanto, no era posible la
ampliación que se consintió”.
DOS
VARAS DE MEDIR
Butrón ha acusado a la administración autonómica de “utilizar dos
varas de medir”. “Aunque comprendemos –aseguró- y
compartimos las razones para que la Junta ordenara el cierre del
vertedero, a la anterior corporación se le permitió la explotación
ilegal del mismo durante varios años y a ésta, en cambio, ni
siquiera se la recibe para tomar, conjuntamente, las medidas
oportunas y minimizar los perjuicios causados a los ciudadanos”.
Finalmente, el concejal chiclanero explicó que los motivos del
recurso se fundamentan en la incompetencia de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente, pues entiende que la resolución debe
proceder de la propia Consejería y en motivos formales, “pues ni
siquiera se comunicó al Ayuntamiento chiclanero las instalaciones
adecuadas a donde se debían dirigir los residuos”.
Gemma Araujo, la mal informada
Los delegados, y delegadas, provinciales de Medio
Ambiente que la Junta ha elegido en estos últimos
veinte años han demostrado un desconocimiento supino
de esta materia y una incompetencia que clama al
cielo. La actual, Gemma Araujo, no iba a ser
menos que su antecesora, que sustituyó a
Sebastián Saucedo cuando éste pasó a otro cargo
muy superior, nada menos que subdelegado del
Gobierno. El que fuera primer alcalde socialista de
Chiclana se convirtió en uno de los mayores
consentidores de la degradación medioambiental de
nuestro municipio.
Siendo delegado provincial se llevó a
cabo el sellado de El Berrueco, finca propiedad de
Manuel Leal, o sea, privada. Era el año 1992
y la delegación de la Junta pagó 25 millones por
ello. Seis años más tarde (98), esta misma
delegación provincial tuvo que acondicionar el
vertedero porque empezaron a salir lixiviados. Se
abrió de nuevo y se recogieron los miles de litros
que afloraron, llevándolos a la depuradora de
Chiclana primero y luego a la de El Portal.
El coste inicial fue de 40 millones de pesetas
aunque finalmente tuvieron que ampliar el
presupuesto hasta casi doblarlo (70). El trabajo,
chapucero y sin resultados positivos, fue realizado
por EGMASA, empresa pública de la Junta.
Esto, y más cuestiones, lo desconoce Araujo, por eso
dijo lo que dijo, aunque seguro que sí conoce otros
vertederos privados que la Junta sí ha pagado su
clausura, demostrando lo que sospechamos desde hace
siete meses: la Junta y el PSOE masacran a Chiclana
y lo seguirán haciendo hasta el final de la
legislatura.
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PACO
LÓPEZ