|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
La Junta de Andalucía cerró La Victoria siguiendo con el plan de acoso y derribo contra Chiclana desde que perdió el PSOE la alcaldía Manuel Jiménez Barrios, ex –alcalde, compró con dinero público el silencio de los que denunciaron la ilegalidad del vertedero para que no ejecutaran las sentencias
Tanto el TSJA como el Tribunal Supremo declararon ilegal esta instalación, que se abrió en 1993 y que nunca ha cumplido la normativa medioambiental El nuevo equipo de gobierno se ha vuelto a encontrar con otra patata caliente desde que hace seis meses llegaron al poder tras desbancar al PSOE: el cierre del vertedero de La Victoria. Abierto en 1993, nunca ha cumplido la ley medioambiental, ha sido denunciado en numerosas ocasiones por los ecologistas y hay dos sentencias judiciales que certifican dicha ilegalidad, pero el PSOE nunca lo cerró, incluso el que fuera alcalde, Manuel Jiménez Barrios, llego a comprar con dinero público (34.000 euros) el silencio de los denunciantes ante los tribunales para que no ejecutaran dichas sentencias.
En PUENTE CHICO llevamos catorce años denunciando la ilegalidad del vertedero de La Victoria, una instalación que nunca ha cumplido la ley medioambiental, donde se han vertido todo tipo de basuras y escombros, mezclándolos y creando graves problemas medioambientales. En alguna ocasión han salido lixiviados hacia el arroyo cercano, que terminaron en el río Iro. En los numerosos artículos publicados hemos aportado leyes que no cumplían, cómo debería ser el vertedero para poder recibir tantos millones de kilos de basuras y lo hemos ilustrado con fotos en las que se apreciaban camiones arrojando colchones, hierros, basura, plásticos, pilas, escombros y madera en el mismo lugar. Nunca se ha reciclado la basura, no se ha seleccionado el vertido que se hacía. Desde el primer día se echó de todo a pesar de las numerosas denuncias ecologistas y de este medio. La mayoría absoluta socialista y tener el poder en Diputación y en la Junta de Andalucía motivó que jamás se abriera expediente alguno por parte de estas administraciones, que miraron hacia otro lado. Ninguno de los delegados provinciales de Medio Ambiente dijo o hizo algo en estos años. Uno de ellos fue Sebastián Saucedo, primer alcalde socialista en Chiclana de la democracia. De su boca nunca salió una palabra ni una orden de cierre de este vertedero o para que se adecuase a la normativa vigente. APERTURA DE LA VICTORIA La creación de esta instalación fue motivada por el cierre del vertedero de El Berrueco, que también estuvo funcionando muchos años ilegalmente, y donde se arrojaban los residuos de los ayuntamientos que conformaban el Consorcio de Basuras Bahía de Cádiz, que entre sus presidentes tuvo a un político que poco después llegaría por la puerta de atrás a la alcaldía, Manuel Jiménez Barrios. El citado cierre obligó a construir otro complejo medioambiental, Miramundo, en teoría cumplidor de la ley, pero que no siempre ha sido así y hay numerosas denuncias que lo corroboran. El Ayuntamiento de Chiclana, con José Mier al frente y con Gómez Periñán y Pedro Quiñones como sus delfines, decidió no llevar las basuras a ese vertedero porque tenían que dar una vuelta muy grande para llegar hasta él, con lo que los costos serían muy elevados para las arcas municipales, con telarañas en la caja fuerte. Entonces, principios de los años 90, hablaron con Diputación para que se abriera lo que se llamó acceso Sur, que discurriría por la cantera de El Berrueco hacia Miramundo, con lo que los camiones de Chiclana llegarían hasta allí sin tener que dar rodeos, en un trayecto corto y mucho más barato. Como no había visos de que dicho acceso se hiciese en breve espacio de tiempo, nuestros gobernantes decidieron alquilar una parte de la finca La Victoria y echar allí las basuras y escombros de Chiclana, aunque en un principio era para las primeras. Se dijo que sería provisional, pero ha estado funcionando catorce años desde que se echara la primera camionada. DENUNCIA ANTE LOS TRIBUNALES Los propietarios de la finca La Concepción, colindante con La Victoria, denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la ilegalidad de dichos vertidos, que les ocasionaban numerosas molestias además de daños medioambientales. Cuatro años después de esta denuncia el alto tribunal andaluz falló a su favor, declarando la ilegalidad del vertedero. Lo lógico es que en esa fecha, 1998, el PSOE hubiese decretado el cierre y buscado otra alternativa, pero siguió usando esta instalación ilegal como si nada hubiese pasado.
JIMÉNEZ BARRIOS COMPRÓ SU SILENCIO La delegación provincial de Medio Ambiente y la Consejería tampoco ordenaron la clausura. Pero lo más grave vino cuatro años más tarde. Siendo alcalde Manuel Jiménez Barrios (PSOE) llegó a un acuerdo el 1 de julio de 2002 con los denunciantes (ver documento), según el cual éstos se comprometían a no ejecutar la sentencia del TSJA a cambio de algo más de 34.000 euros más el IVA y el pago de las costas procesales, 7000 euros más. El acuerdo iba aún más allá: Los recurrentes no podrían llevar a cabo la ejecución de la sentencia “aun en el supuesto de que fuera desestimado el recurso de casación ordinario que pende del Tribunal Supremo y confirmarse la sentencia de primera instancia”. Es decir, para que se entienda bien, el que fuera nuestro alcalde compró el silencio de los denunciantes para las dos sentencias, la ya dictada y la que vendría dos años después, previendo un fallo desfavorable del Supremo hacia los intereses municipales, como así fue. El citado documento está firmado por Jiménez Barrios. José Pedro Butrón, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, que fue el que presentó el acuerdo entre las dos partes, declaró que “el PSOE compró con dinero público este silencio para que no se ejecutara la sentencia”. “Ése es el nivel de falta de transparencia de los socialistas”, agregó, preguntándose qué ha hecho el PSOE desde 2004 para solucionar este problema “ya que sabían que en 2007 se tendría que cerrar el vertedero y en tres años no ha buscado soluciones alternativas”. BOICOT DE LA JUNTA Butrón aseguró que desconocían estas sentencias y que llevaban desde junio de 2007 “trabajando para arreglar el problema, pero en un mes no se puede arreglar una ilegalidad que dura ya catorce años”, añadiendo que desde junio llevan pidiendo a Diputación la construcción del acceso Sur a Miramundo, prometido hace quince años. La delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, no había contestado meses después a las dos peticiones que le hicieron para reunirse con ella “y la Junta de Andalucía no está dispuesta a poner ni un euro para el sellado de La Victoria alegando que la finca no es pública”. A este respecto, Butrón dio a conocer unos datos según los cuales Chiclana Natural ha pagado desde 2001 a los propietarios de la finca más de cuatro millones de euros, cantidad con la que, según el edil, “se hubiera podido comprar veinte fincas como La Victoria en terrenos rústicos”. Además, con ello, “el vertedero habría estado en una finca pública y la Junta, como ha hecho en otras localidades, hubiera pagado el sellado del mismo”. “La Junta de Andalucía –asevera Butrón- está haciendo una persecución contra Chiclana, que nos está metiendo en estos líos por cuestiones políticas, ya que creen que Andalucía y Chiclana es su cortijo”. El delegado de Urbanismo recordó que el actual Plan General, aprobado en 2003 por el PSOE a nivel local y ratificado por la Junta de Andalucía, no contempla este vertedero, “pero no han hecho nada para buscar un lugar alternativo donde llevar las basuras de Chiclana”. Sí fue tajante en cuanto a lo que harán en esta materia: “Actuaremos en base a lo que marque la ley”.
PLANTA DE TRANSFERENCIAS En este asunto también fue duro con los socialistas Butrón: “En cinco años podrían haber hecho algo para solucionar este asunto y desde que conocieron la sentencia del Supremo ya podría estar hecha la planta de transferencias, que ahora tendremos que llevar a cabo nosotros, aunque habrá que buscar soluciones mientras no se tenga”. El PSOE municipal no buscó donde ubicarla y el cuatripartito piensa instalarla en la finca que adquirirá por la carretera de Medina, cerca del cordel de los Marchantes, aunque antes estudiará si es posible o no. Para la puesta en marcha de la citada planta espera contar con la financiación de la Junta de Andalucía, aunque no descarta pedir préstamos a la Unión Europea. DEUDA DE CHICLANA NATURAL Butrón anunció así mismo la importante deuda que tiene Chiclana Natural con las empresas de limpieza y recogida de basuras, que asciende a cerca de ocho millones de euros: 1,5 a Orto, 2,5 a Vertresa y 3 a Urbaser, y a Biorreciclaje, encargada de gestionar La Victoria, 1,2 millones de euros. Por ello han tenido que renegociar el contrato con algunas de las empresas concesionarias (Urbaser). Otro problema añadido es el sellado del vertedero, ya que ascenderá a unos dos millones de euros. ACOPIO DE BASURAS
El Ayuntamiento chiclanero
pidió a la Junta que le permitiera utilizar La Victoria
para acopio de basuras y después llevarlas a Miramundo, pero la
respuesta ha sido negativa aunque con matices. Si el Consistorio
garantiza cumplir unos requisitos que ellos le marcarán podría
aceptar la petición municipal, que el edil de Medio Ambiente está
dispuesto a cumplir, entre éstos que no se vierta más en el
vertedero cerrado. Han colocado carteles anunciando la prohibición
de verter, además de cancelas para impedir el paso de camiones,
guardias de seguridad, etc. El vertido de escombros también se ha visto afectado, aunque en menor medida que las basuras. Los escombros limpios van al de la carretera de Medina y al que hay en El Chaparral, pero los que mezclan basura y escombros se llevaban a La Victoria, mezclándose con los residuos sólidos urbanos. Ahora sólo pueden ir al Chaparral, que admiten de las dos clases, pero el precio es superior, siete euros tonelada por 0,60 que abonaban en el vertedero clausurado. Esto motivó el enfado de los transportistas, con acusaciones a Butrón de haberles engañado en la reunión que tuvieron antes del cierre, cuando éste siempre les informó que el vertedero quería cerrarlo la Junta, como es, no el Ayuntamiento como vende el PSOE para crear polémica con estos trabajadores.
En el pleno de diciembre
alguno de ellos perdió los papeles, aunque no pasó de ahí la
situación. Los escombros que ellos echaban en La Victoria no
están permitidos, pero aun así lo hicieron con la anuencia
socialista, ahorrándose una gran cantidad de dinero, cuando deberían
haberlos llevado al que sí está autorizado a recogerlos. Ésta es la
razón real de su enfado. Butrón ha mantenido reuniones con El
Chaparral para que les ponga unos precios más asequibles durante el
tiempo que dure esta situación, pagando aproximadamente la mitad del
precio real. Resaltar que la delegación provincial de Medio Ambiente ordenó el cierre del vertedero sin avisar, llamando al dueño de la finca para que pusiera un candado, siendo éste el que se lo comunicó al Ayuntamiento. Eran las 6 de la tarde y tuvieron que trabajar a destajo para encontrar una solución. Hablaron con los Ayuntamientos de Cádiz y Jerez, decantándose por el vertedero de esta última ciudad, Las Calandrias, para llevar la basura, pues el gaditano no tenía capacidad suficiente. Aunque el envío de las basuras a Jerez supondrá un mayor coste, el recibo no subirá en 2008. El PSOE, causante del problema, habla de que se triplicará, pero Butrón ya anunció que no será así.
Los socialistas, en vez de
ayudar a que se arregle esta situación generada por su mala gestión
y llena de ilegalidades, siguen poniendo zancadillas y acusando al
cuatripartito del problema, cuando ellos han estado incumpliendo la
ley durante catorce años. El Ayuntamiento va a pedir a Diputación
que haga el acceso Sur a Miramundo ya, que lleva quince años de
retraso. El que fuera alcalde y ahora portavoz de la oposición, José María Román, continuando con esa labor de negar la mayor, dice ahora que el vertedero no era ilegal porque al no ejecutarse las sentencias judiciales “no cabe hablar de vertedero ilegal”. Esto lo dice quien durante tres años ha sido la máxima autoridad de esta ciudad y en cuyas manos hemos estado. Una actuación, presuntamente ilegal del alcalde que le antecedió, que habrá que estudiar por si fuera constitutiva de delito, es la justificación que este nefasto político socialista para hablar de legalidad. Las dos sentencias de los más altos tribunales andaluz y español, para Román no valen para nada; la compra con dinero público del silencio de los demandantes, tampoco, y lo ve bien porque se hizo “en beneficio de Chiclana”. Román está de acuerdo en cometer ilegalidades, por mucho que unos jueces sentencien que lo que hacen está fuera de la ley. Y se queda tan pancho. La Fiscalía debería investigar la actuación de Jiménez Barrios y la respuesta de Román, porque es una clara apología de la ilegalidad, cuando ellos son los primeros que tienen la obligación de cumplir lo que dicen las leyes.
|
|||||||||
volver |
