Este derribo auspiciado por el PSOE nos cuesta una multa

La Consejería de Cultura multa con 30.000 euros a Chiclana Natural por derribar la fachada de la nueva sede e insta a devolverla a su estado original 

El PSOE consintió esa demolición a pesar de la negativa de la Consejería y se auto sancionó por una presunta infracción urbanística 

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Cádiz, ha sancionado a la empresa pública Chiclana Natural con una multa de 30.000 euros y “la obligación de la reconstrucción del inmueble demolido a su estado originario”, en referencia a la demolición de la fachada del edificio destinado a albergar la nueva sede de dicha empresa, situado en la Plaza de España.  

El 22 de septiembre de 2005, Chiclana Natural remitió a la Delegación Provincial de Cultura el proyecto de demolición y ejecución del edificio de oficinas, recibiendo un informe desfavorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico el 14 de octubre. Concretamente, la citada Comisión estableció que se debía conservar la fachada con todos sus elementos. A raíz de este informe desfavorable, Chiclana Natural vuelve a presentar una nueva propuesta el pasado 13 de enero, que fue aceptada finalmente por la Comisión. 

Finalmente, obviando las indicaciones de la Delegación Provincial de Cultura, se procede a la demolición de la fachada, obviando también la propia licencia urbanística concedida por la GMU, que, asumiendo la resolución de la Comisión Provincial, obliga también a la conservación de la fachada. 

AUTOSANCIÓN 

En consecuencia, en mayo de 2007, rizando el rizo, el vicepresidente de la Gerencia municipal de Urbanismo (entonces Joaquín Muriano), incoa expediente sancionador a Chiclana Natural (que también vicepreside)  y al arquitecto del proyecto por una presunta infracción urbanística. Por su parte, Chiclana Natural alega que en ningún momento contrató la demolición de la fachada, procurando su mantenimiento. 

Desde la empresa pública manifiestan en las alegaciones presentadas que “en todo caso la demolición habría sido debido a razones de necesidad o de emergencia por el estado del edificio o para seguridad de la zona circundante”. La empresa pública tenía de plazo hasta el pasado 26 de noviembre para presentar las alegaciones que los técnicos considerasen pertinentes. 

MALA GESTIÓN DEL PSOE 

Una vez analizada la resolución, el delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, José Pedro Butrón, ha manifestado que “tomaremos las medidas legales necesarias para que los chiclaneros no se vean afectados por las malas gestiones del equipo de gobierno anterior”. Al fin y al cabo, “una multa tan cuantiosa como ésta, de 30.000 euros, no perjudica un equipo de gobierno que gestiona mal, sino a los ciudadanos contribuyentes. Es su dinero el que está en juego cuando no se actúa con diligencia en un proyecto de este tipo, y eso no vamos a permitirlo”. 

Éste es un nuevo caso de la herencia socialista, que los actuales gobernantes se han encontrado y que ahora deberán solucionar porque José María Román y los suyos han vuelto a pasarse la ley por la entrepierna.