Cargos de
confianza, polémica evitable
La elección de cargos de confianza siempre suele
acarrear críticas. Sucedió con el PSOE cuando nombró a tres
personas para el gabinete de Prensa, cuando puso al frente
de Emsisa y de la gerencia de Urbanismo a Milleras
y Alfonso López Almagro, así como otros cargos
designados digitalmente por los regidores de turno. Sus
sueldos suelen superar en mucho al del propio alcalde, lo
que no deja de ser una paradoja que la persona con más
responsabilidad en la ciudad y el que más poder tiene gane
menos que el director de una empresa municipal, que no ha
tenido además que pasar unas oposiciones y que en algunos
casos su nombramiento es por puro amiguismo.
El nuevo equipo de gobierno ha tenido hasta el
momento más tacto con esos nombramientos, aunque algunos de
ellos siembren serias dudas por su desconocimiento del área
para la que les han contratado, aunque debemos darles un
margen de confianza. El nombramiento de la nueva gerente de
Urbanismo, Arancha Montero, que ejerce su cargo en
San Roque, puede traer la polémica por el sueldo que
cobrará, que superará con creces el de su antecesor. No
sabemos si ese sueldo se verá recompensado por el trabajo
que realice, pero que duplique el del alcalde suena
exagerado, o el de los funcionarios mejor pagados. Estas
cuestiones hay que mirarlas con lupa, aunque no dudamos de
su valía ni de que se merezca o no esos más de cien mil
euros al año.
Manolo Guerrero,
un edil en la encrucijada
Manolo Guerrero, concejal del Partido
Andalucista y candidato a la alcaldía por esta formación, ha
sido imputado por el juez por presuntos malos tratos a su
hermana, aunque ésta también ha sufrido la misma imputación
ya que el edil la denunció la misma causa tras un discusión
que tuvieron ante el mercado de abastos hace casi un año.
Guerrero ya ha sido juzgado, y condenado, por ciertos
políticos de la oposición, sin esperar el fallo judicial.
Un incidente particular, familiar, le ha puesto
en la picota. Si todos somos inocentes hasta que se
demuestre lo contrario, Guerrero es inocente de lo que se le
acusa hasta que el juez no lo condene por ello. Si así
fuera, suponemos que presentaría su dimisión, pues no sería
ético que continuara al frente de sus delegaciones. Pero
surge la duda. ¿Debería presentar la dimisión al estar
implicado aunque no haya sido juzgado todavía o debería
esperar al fallo? ¿Y si después de hacerlo es declarado
inocente? ¿Se le restituye en el cargo, se quita a su
sustituto…? Un lío.
Por otra parte, el código
ético del PA contempla que si uno de sus miembros es
imputado en un asunto judicial debe presentar su dimisión.
De nuevo la duda. ¿Y si después es inocente? ¿Cómo se le
restituye el agravio cometido? Lamadrid, primer
presidente de la Junta de Castilla-León, fue imputado, le
obligaron a dimitir y años después se demostró su inocencia.
El daño político y personal causado no se paga con nada.
Habrá que actuar con mucho cuidado. El dilema de Guerrero es
morrocotudo.
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