-JOSÉ MARÍA ROMÁN, alcalde de Chiclana, por no acudir al debate organizado por La Chinita en el Zapato aduciendo que no había sido invitado, cuando es falso. Su miedo le impidió asistir, demostrando una vez más que no tiene talla política para gobernar nuestra ciudad. 

-JOSÉ MARÍA ROMÁN, alcalde, por no dar la cara en las denuncias que se han hecho contra varios de sus concejales. Quizás porque él tiene tanta culpa como ellos y no puede defender lo indefendible.  

-SEBASTIÁN VERDUGO, concejal de Obras y Playas, por las irregularidades denunciadas al Fiscal respecto al uso de personal dedicado al mantenimiento de colegios públicos en la construcción de sus chalés o en distintos trabajos realizados en éstos, cargando el costo al mantenimiento de dichos centros. También está en la Fiscalía la adjudicación del servicio de playas a un familiar de la esposa del alcalde, José María Román, sin cumplir los requisitos. Dijo, con la prepotencia que le caracteriza, que tenía todas las facturas de las obras hechas en sus casas, pero mes y medio después sigue sin presentarlas. 

-MARÍA JESÚS CASTAÑEDA, concejala de Fomento y Fiestas, que firmaba contratos años antes de ser concejala del PSOE en los que ofrecía recalificaciones de terrenos mientras se redactaba el PGOU ya que ejercía de asesora urbanística y firmaba contratos en los cuales “encontrándose en condiciones de colaborar para el desarrollo urbanístico de los citados terrenos, efectuando para ello las gestiones necesarias ante los organismos públicos pertinentes y propietarios particulares afectados, hasta conseguir la recalificación de los mismos y su posterior desarrollo, a través del PGMO actualmente en Avance”. Sería interesante saber qué capacidad de influencia tenía Castañeda dentro del Partido Socialista y del equipo redactor del Plan General en 1999, para lograr dichas recalificaciones y en que época comenzó esta influencia dentro de la citada formación política. Demasiados asuntos urbanísticos oscuros tiene el PSOE como para fiarse de él. 

-CÁNDIDA VERDIER, concejala de Personal, que ha demostrado en estos años que su labor deja bastante que desear, como cuando fue edila de Policía. Precisamente su actuación en esta delegación puede llevarla ante la fiscalía y los jueces por falsedad y malversación o utilización fraudulenta de dinero público, ya que ha abonado cantidades en claros tratos de favor, por servicios extraordinarios que no se han llevado a cabo como ya denunció PUENTE CHICO hace meses y que ahora el Partido Andalucista estudia acudir al fiscal para que investigue.