Puente Chico

La marcha del Jefe de la Policía Local ha desatado la polémica, pidiendo la oposición una investigación que los socialistas denegaron

Manuel Romero asegura que se va porque ha terminado la excedencia y que nadie la ha obligado, pero el PSOE le ha forzado a irse

El fallo judicial que declaró ilegal su nombramiento ha motivado su abandono del cargo antes de tiempo

Manuel Romero Rubiales, Intendente Mayor Jefe de la Policía Local, nombrado ilegalmente por Manuel Jiménez Barrios hace dos años, ha dejado el cargo el pasado 31 de enero alegando que se acabó la excedencia pedida en la Guardia Civil por dos años, aunque la realidad es que el alcalde le ha obligado a irse para así poder retirar el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el fallo emitido por la Audiencia de Cádiz, en el que declaraba nula la elección a dedo por no ajustarse a derecho. La plantilla policial (salvo un pequeño grupo afín al ex-mandatario) ha mostrado su alegría por esta marcha, ya que desde el principio han estado en contra del nombramiento y los enfrentamientos han sido constantes.

El Código Penal en los artículos 404 al 406 castiga tanto a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo como al que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiera, nombrara o diera posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecido para ello, alcanzando a esta última si acepta la propuesta, nombramiento o toma de posesión, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.

En meses anteriores hemos hablado extensamente sobre el nombramiento ilegal del Manuel Romero Rubiales como Jefe de la Policía Local, efectuado por el anterior alcalde, Manuel Jiménez Barrios, y aceptado por el elegido a dedo. El pasado 31 de enero el primero hizo las maletas y se marchó a su casa alegando que había terminado su excedencia de dos años, cuando los funcionarios pueden pedirla por un máximo de diez, con lo que podría haber solicitado otra excedencia por un tiempo similar o mayor, pero el fallo judicial le obligó a irse antes de lo que hubiera preferido y por presiones del alcalde, que así podrá librarse de un problema que le podría afectar en su limpieza de imagen que está haciendo.

A raíz de su huída, de nuevo el Intendente, Manuel Domínguez, queda como Intendente Jefe, pero ya está siendo objeto de zancadillas para dificultarle e impedirle desarrollar su trabajo.

El nuevo alcalde tendrá que apechugar con la denuncia de la Asociación de Jefes y Directivos de Policías Locales de Andalucía (AJDEPLA) que le ha trasladado un rosario de actuaciones de Romero que están enmarcadas como infracciones disciplinarias. Tiene el carácter de denuncia y José María Román tiene que responder de oficio. Difícil papeleta y feo final para quien, según los representantes de los empleados públicos, vino a la Policía insultando, siguió insultando y se fue de la misma manera.

Queda meridianamente claro que Jiménez Barrios ha utilizado el dinero público para sus intereses personales y partidistas. De igual manera, ya nadie puede ignorar que la persecución llevada a cabo contra el Intendente Jefe, Manuel Domínguez, era animadversión personal de aquél contra éste y que ha arrastrado a un numeroso grupo, a quien pagaba la Corporación con el dinero de todos los vecinos, que le respaldaba y servía en esa línea. Pero nos encontramos, desgraciadamente, en una situación continuista y la dignidad de las personas y de los funcionarios no debe soportar conductas que atentan tan radical y perpetuamente contra los derechos.

Pero, además, y eso es lo realmente grave, cada actuación, cada recurso judicial perdido, ha ido generando gastos continuos tanto para los abogados y procuradores empleados como para hacer frente a las artimañas y maniobras que han urdido para no cumplir con sus obligaciones o para no hacer frente a las mismas por imprudencia, negligencia o soberbia. Lo peor es que se han gastado cantidades de dinero para asesoramiento jurídico cuando les interesaba como, por ejemplo, si querían quitar de en medio a un funcionario.

Y no han movido un dedo, por ejemplo también, para asesorarse en la designación del Jefe de Policía. Naturalmente huían de cualquier técnico o profesional de los conocimientos jurídicos porque sabían la realidad y así pretenderían escapar a cualquier responsabilidad. Se trata de una ignorancia querida, absolutamente inadmisible en quien gestiona la cosa pública. En el pleno de enero, la concejala de Personal, Cándida Verdier, reconoció que no habían pedido informe jurídico alguno “porque no era necesario”.

Izquierda Unida y PSA solicitaron en el pasado pleno ordinario la creación de una comisión de investigación sobre este caso (la primera) y todo lo que está sucediendo en la delegación de Seguridad Ciudadana (el segundo). La edil, muy crispada, con un tono alto de voz, dijo que no se harían porque “no hay nada que investigar porque la sentencia no dice que el nombramiento haya sido ilegal”, añadiendo que lo único que especifica ésta es que “el aspirante idóneo no tenía el título de licenciado en Derecho”. O no se la ha leído o no tiene ni idea, y eso que es abogada, porque el fallo está clarito.

Dijo la letrada también que en la sentencia no se comentaba nada de que hubiese existido prevaricación, lo que, según ella, el equipo de gobierno no había cometido ilegalidad alguna. La sentencia no habla de prevaricación, pero deja claro que el nombramiento fue ilegal: “Estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por AJDEPLA contra el decreto del alcalde de Chiclana de la Frontera, de fecha 17 de diciembre de 2003, que se describe en el primer antecedente de hecho, debo anularlo y lo anulo, por no ser conforme a derecho”. Más claro no lo puede decir la magistrada María Salud Ostos. Fue ilegal y, como ya hemos dicho anteriormente, sindicatos, Junta de Personal y partidos políticos advirtieron a Jiménez Barrios y a su partido de ello, haciendo caso omiso. ¿Cómo llamaría Verdier a esto?

Donde la concejala, y abogada, rayó en el esperpento fue al manifestar que aunque Romero Rubiales no tenía el título de abogado, se le había convalidado por su larga experiencia en la Guardia Civil, provocando la hilaridad de la oposición y su sorpresa, porque dicha respuesta confirma claramente la ilegalidad del nombramiento y que se pasaron por la entrepierna lo que dicta la ley. ¿Cómo puede decir Verdier que no hacía falta tener una carrera para ocupar el cargo? Lo dice una persona que ha sacado su título universitario. ¿Qué diría si cualquier ciudadano hiciese de letrado en el juzgado sin titulación, sólo porque tiene mucha experiencia en este campo? ¿O si una persona que no posee el título de medicina se metiera en un quirófano a operar de corazón o cualquier otra enfermedad?

Oyendo estas cosas se entiende que tuviese que dejar la concejalía de Seguridad Ciudadana. Tráfico y Policía cuando defendió a delincuentes detenidos por sus propios agentes, contraviniendo la ética profesional y cuya denuncia salió a la luz en PUENTE CHICO, ocasionando una de las más duras sanciones sufridas por Manuel Domínguez, que denunció el hecho al alcalde, como era su obligación, y que siendo cierto como la propia edil reconoció, no sirvió para que le exculpasen del mismo. Lo más grave es que en vez de cesar de inmediato a la edila, Manuel Jiménez, el alcalde chiclanero que más ilegalidades ha cometido ejerciendo su labor, demostradas por los tribunales, la colocó en otra delegación, donde ha seguido demostrando su manifiesta incompetencia.

Otra perla de la delegada de Personal hace referencia al nombramiento del Intendente Mayor Jefe. Afirmó que no fue a dedo y que se había tratado por igual a todos los aspirantes al cargo. En artículos anteriores ya explicamos cómo se realizó la selección, cómo llegaron sólo cinco al final y ninguno de ellos fue aprobado por el tribunal examinador, en el que no había nadie que entendiese lo más mínimo de cuestiones policiales, suspendiéndolos a todos y nombrando a dedo a Romero Rubiales. Que defendiera a éste se entiende, pero su labor al frente de la Policía Local ha sido lamentable.

La oposición fue dura con Verdier. José Pedro Butrón, de IU, le enseñó la sentencia cuando ésta manifestó que mentían, instándola a que dijera si el fallo que le mostraba era falso, lo que, obviamente, no hizo. También pidió a los socialistas que no retirasen el recurso ante el TSJA si estaban seguros de que era legal el nombramiento. María Ángeles Polanco también se las tuvo con la concejala del PSOE, asegurando que al Intendente lo habían elegido a dedo, saltándose la ley. Manolo Guerrero, por su parte, comentó que esas actuaciones eran habituales en el PSOE y Rosario Mateos (PP) pidió que no vuelvan a cometer más ilegalidades.

Casi toda la plantilla de la Policía Local está contenta con la marcha del que fue su jefe. Sólo unos pocos, Cortabarra y Lucena entre ellos, lo han sentido. Los dos citados suponemos que no estarán nada contentos porque saben que a partir de ahora y hasta que el PSOE encuentre otra disculpa para quitar de en medio a Domínguez o nombren a otro Intendente, esos emolumentos que recibían cada mes sin trabajarlos ni merecerlos (horas extras que no hacían, el segundo porque estaba habitualmente de baja) dejarán de percibirlos porque el jefe legal del Cuerpo no se lo va a consentir. A no ser que el concejal de Seguridad Ciudadana, Diego Benítez Mota, (que también se ha cubierto de gloria) firme esas horas no realizadas como antes lo hacía el que pusieron a dedo.

Los sindicatos han sido implacables con el que fuera su jefe, aseverando UGT que durante los dos años que estuvo al mando “ha creado un ambiente de crispación, frustración y favoritismo, todo ello sin olvidar los continuos insultos y su pésima gestión, siempre al servicio de quienes le designaron", pidiendo que el nuevo jefe no se designe de la misma forma y que sea “un profesional independiente y capacitado que mire por los intereses de los ciudadanos y de los policías”, calificando la actuación de Romero de “nefasta”, y que la plantilla “respira con su marcha y, por contra, ahora los inquietos parecen ser sus beneficiados y protegidos”.

José Pedro Butrón (IU-CA): “El PSOE no quiere dar la cara, actuando con prepotencia y cinismo”

De verdadero escándalo podemos calificar el Caso Intendente, y más viendo el cinismo y las mentiras que empleó el equipo de gobierno del PSOE en el Pleno ordinario de enero al debatir una propuesta de Izquierda Unida para la creación de una comisión de investigación de este nombramiento. El PSOE no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad política sobre este asunto y, lo que es más grave, ni siquiera debatirlo para que el ciudadano conozca la verdad de este nombramiento no ajustado a derecho, es decir, al margen de la legalidad.

Exigimos al PSOE que no perjudique más a los ciudadanos de Chiclana actuando al margen de la legalidad y que asuman responsabilidades en forma de ceses y dimisiones. Se ha jugado con la imagen de la institución municipal, nuestro Ayuntamiento, que es de todos y no patrimonio únicamente de los socialistas. Además, se ha malgastado el dinero de todos para favorecer políticamente al PSOE y no se ha actuado conforme a la ley, que debe imperar en la gestión municipal. Una vez más, no se ha querido dar la cara por parte del equipo de gobierno, en otro episodio, uno más, de prepotencia y cinismo.

Mª Ángeles Polanco (PSA): “Jiménez Barrios y Román han utilizado a Romero a su antojo”

Manuel Romero se fue por interés personal y porque la Justicia declaró su nombramiento no conforme a derecho. La excedencia es una disculpa y en este tiempo ha ganado un buen dinero. El PSOE le ha forzado a irse y tanto Manuel Jiménez como José María Román lo han utilizado a su antojo y le han impuesto las directrices de lo que debía hacer. Jiménez Barrios y Román han hecho caso omiso a la ley, por lo que pedimos que se depuren responsabilidades.

Con la elección a dedo del Intendente Mayor Jefe han intentado tener un mayor control y división de los miembros de la policía local. Este nombramiento afectó a la plantilla, que en más de una ocasión ha pedido la dimisión del delegado de Seguridad Ciudadana, Diego Benítez Mota. No existió igualdad de oportunidades entre los aspirantes al puesto para poner a un jefe de policía que pudiera utilizar políticamente.

Nicolás Aragón (PP): “El PSOE ha hecho el ridículo con este asunto”

No dudamos de la capacidad profesional de Manuel Romero, pero en este asunto el PSOE ha hecho el ridículo. Le han obligado a marcharse y así el equipo de gobierno podrá retirar el recurso presentado, intentando acallar las críticas y el escándalo. Hay que exigir responsabilidades políticas serias y una investigación hasta el fondo, ya que están jugando con los intereses e impuestos de los ciudadanos. Esa investigación se debería llevar hasta sus últimas consecuencias. No debemos olvidar tampoco que cerca de aquí, en El Puerto de Santa María, ha ocurrido algo similar y a su alcalde le han inhabilitado por siete años.

José Luis Velázquez (DIPA): “Nadie se cree que Romero haya abandonado el cargo voluntariamente”

La marcha de Manuel Romero antes de que se conozca la resolución definitiva del caso crea dudas, aunque estaba claro que el PSOE iba a tomar esta decisión. Nadie se cree que el jefe de la Policía Local haya abandonado voluntariamente su cargo. Se debe a una estrategia para salvar la cara ante las elecciones municipales. Es el momento para que Román dé la cara, mojándose de lleno y apoyando plena y públicamente la decisión que tomó en su día el anterior regidor, y que públicamente le recrimine a Romero Rubiales que dimita después del dinero que los chiclaneros nos estamos gastando para demostrar que su nombramiento es legal.

El alcalde debe pedir disculpas al pueblo de Chiclana y sobre todo a los profesionales que se ha perjudicado con este asunto, y debe aprovechar esta dimisión para que se produzcan otras en el equipo de gobierno, como la del delegado de Policía, por ejemplo.

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