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Veinte policías están ejerciendo ilegalmente sus funciones al no haber realizado el curso de la Escuela de Seguridad Pública de la Junta, como manda la ley Los agentes no pueden ascender de categoría y un oficial, nombrado de forma ilegal por Jiménez Barrios, tampoco podrá acceder al puesto de subinspector AJDEPLA pedirá al alcalde el cese inmediato del Jefe de Policía, Manuel Romero, por las numerosas irregularidades cometidas desde que fue nombrado a dedo Veinte agentes llevan ejerciendo sus funciones de manera ilegal desde hace muchos años al no haber realizado el curso obligatorio en la Escuela de Seguridad Pública, perteneciente a la Junta de Andalucía, antes de ser nombrados por el alcalde como policías. Si alguien presentase un recurso podrían irse a la calle, están imposibilitados para ascender de puesto y un oficial, nombrado ilegalmente por Manuel Jiménez Barrios, no puede presentarse a subinspector por dicha causa. Además, AJDEPLA pedirá al alcalde que el cese inmediato de Manuel Romero por las numerosas irregularidades cometidas desde que ocupa el cargo de Jefe de Policía, ilegal, además, según sentencia judicial. El año nuevo comienza con un sonado escándalo protagonizado por los sucesivos equipos de gobierno años atrás y tiene consecuencias en la actualidad en lo que respecta a la gestión de la Policía Local. Es natural que pretendieran deshacerse del anterior Jefe del Cuerpo, que ha venido demostrando sus desvelos y celo profesionales para que la actuación del poder se ciñese a la legalidad, y que representaba el único elemento aglutinador de la reclamación de un quehacer honesto, serio, responsable y ajustado a la Ley. Quienes no han seguido ese camino han sido los dos alcaldes anteriores, José Mier y Manuel Jiménez, y muy especialmente el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, que han propiciado una situación esperpéntica para veinte funcionarios de la Policía Local, que tienen en peligro sus puestos de trabajo y el futuro de sus respectivas familias después de más de quince años de prestación de servicio. Y todo ello por el capricho de unos representantes elegidos por el pueblo que, por llevar la contraria al Intendente Jefe, Manuel Domínguez, nombraron como policías y oficiales a quienes no reunían los requisitos para ello.
NOMBRADOS ILEGALMENTE Para ingresar en la Policía Local es menester reunir, entre otros, una serie de requisitos como son la edad, una determinada estatura y, además, aprobar la oposición y superar obligatoriamente un curso en la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía. Si no se cumplen todos ellos es imposible que ninguna persona pueda ser nombrada por ningún alcalde como agente de este Cuerpo. Durante el periodo que estuvo al frente de la delegación de Policía José Antonio Gómez Periñán, no fueron a la Escuela citada veinte policías de varias promociones. Fueron nombrados funcionarios a pesar de los informes previos y posteriores de Domínguez, que advertían y exigían el cumplimiento de la Ley. Incluso se recogía en las bases de la convocatoria la superación del curso. Aunque haya pasado el tiempo, cualquier interesado (y pueden ser muchos), si presentase un recurso, motivaría que esos policías se vieran en la calle. Esto debería ser suficiente para poner de patitas en la calle a los políticos de turno. Algunos entendidos apuntan a que si los agentes fueran a realizar el curso ahora, más de una década después, les valdría, y no se verían desposeídos de sus empleos. Pero ¿cómo se desprende Chiclana de veinte miembros policiales durante un año por la desidia, la soberbia y el afán de menospreciar unos políticos a un Jefe de Policía? MANUEL JIMÉNEZ, ERRE QUE ERRE La peor actuación es la de Jiménez Barrios, que nombró oficiales a dos de esos policías que no reunían los requisitos antes apuntados. El arreglo ahora se muestra imposible porque, además, imposibilita el ascenso de uno de ellos que lleva años estudiando en la Universidad para poder promocionar. ¿Cómo va a ser oficial quien no es policía y cómo, de ellos, puede ascender a subinspector quien no debió ser oficial porque ascendió sin tener nombramiento legal como agente? ¿Y de los veinte números que no debieran serlo, qué decir de donde quedan sus posibilidades de promocionar a empleo superior con la publicación reciente de las bases para oficiales? CESE DEL JEFE ILEGAL DE LA POLICÍA Por otra parte, se ha sabido que la Asociación de Jefes y Directivos de Policías Locales de Andalucía trasladará al alcalde la relación de posibles irregularidades e infracciones al reglamento disciplinario en que hubiere incurrido el Intendente Mayor y Jefe de la Policía Local, Manuel Romero Rubiales. Le concederán un periodo de entre siete y diez días para que proceda a cesarlo, que sería la única opción antes que abrirle expedientes disciplinarios y, al mismo tiempo, serviría para eludir otras responsabilidades de tipo penal y dar cumplimiento a la sentencia que invalidó el nombramiento efectuado por Jiménez Barrios y mantenido por José María Román. NUMEROSAS IRREGULARIDADES La lista de las actuaciones llevadas a cabo por Romero son muchas, desde su inactividad hasta su proceder frente a la denuncia falsa efectuada contra el anterior Jefe por el cabo Cortabarra, al que protege y beneficia habitualmente, pasando por el tratamiento discriminatorio con algunos funcionarios de policía o la entrega de un vehículo de titularidad municipal retirado por la grúa sin abonar la tasa y que podría implicar la presunta comisión de delito o delitos. Sonada fue también su orden, en un estado aconfesional como propugna nuestra Constitución, obligando a los agentes a asistir a misa de uniforme el día del patrón de la misma y en sus horarios de servicio, o las reiteradas maniobras para dificultar o entorpecer la labor sindical de miembros del cuerpo. También los insultos y faltas de respeto reiterados a éstos. El desprecio a los subordinados, a los que llegó a tildar de mercaderes y peseteros. El uso de insignias prohibidas en el uniforme. La propia utilización del mismo, sin corresponderle porque no es miembro de la Policía Local y el de distintivos y emblemas, que podría llevar aparejada la comisión de un presunto ilícito penal. La presentación a la categoría de Intendente, sabiendo que no reunía los requisitos ni la titulación superior para acceder al mismo, ni tampoco cumplía con la equivalencia requerida a la categoría que se recogía en las Bases, como se desprende del fallo judicial mencionado.
FAVORITISMOS Incumple la ley cuando habla con el móvil conduciendo, omite la disposición escrita de la concejala de Personal, que le indicaba claramente que debía ajustar su conducta al establecimiento de las condiciones de trabajo aprobadas por Pleno para el personal del Cuerpo. La misma delegada cuestionó que no efectuara adecuadamente los relevos en el mando y el uso del tablón oficial para su uso personal. Toleró la embriaguez de un mando, amigo personal, durante el servicio. Se permitió emitir informes para que se concediese dinero a funcionarios sin haber realizado trabajos extraordinarios por los mismos. E igualmente, benefició al cabo Cortabarra concediéndole, sin que hiciese falta, servicios extraordinarios durante la primera quincena de uno de sus tres meses de permiso, que le reportó casi 300.000 de las antiguas pesetas como ingresos añadidos al sueldo, y después le dio otros quince días más de permiso como agradecimiento. PERSECUCIÓN A DOMÍNGUEZ Persiguió a Domínguez e incluso le insultó por carta escrita expuesta en el tablón de la Jefatura. De los trece mandos existentes, le asignó a Cortabarra, que le había denunciado falsamente. Hay policías que se han quejado de ser intimidados si denunciaban hechos o anomalías, desacreditó el trabajo de los agentes, obligó a varios miembros policiales a entregar a otros su clave personal y secreta para el uso de los ordenadores oficiales. Así mismo, ordenó la detención de un conocido empresario marmolista sin causa suficiente. Y todo ello siendo ilegal su nombramiento. A pesar de todo lo expuesto, ahí sigue, con el consentimiento y beneplácito del alcalde, y sin abrirle ni un solo expediente, cuando a Domínguez se los han incoado por cumplir, y exigir, que se cumpla la ley. Es una muestra más de cómo actúa este alcalde y sus concejales de confianza. J. ARAGÓN |
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