El nombramiento ilegal del Intendente Mayor Jefe de la Policía Local a cargo del anterior alcalde, sigue provocando actuaciones legales en contra 

 AJDEPLA se querellará por presunta prevaricación contra Jiménez Barrios, José María Román, Benítez Mota y Manuel Romero Rubiales

Todos ellos sabían que la designación a dedo no reunía los requisitos legales, como así lo ha dejado claro la Audiencia Provincial de Cádiz al declararla nula

Meses antes del nombramiento por el alcalde anterior, Manuel Jiménez Barrios, del nuevo Jefe de Policía Local, Manuel Romero Rubiales, esta revista ha venido manteniendo una línea de información que ha sido bien aceptada por los lectores a la vista de los comentarios recibidos. Componentes del propio Cuerpo nos han requerido para que abundásemos más aún en los datos, dado el sistema de control y guardar silencio al que, por temor a represalias, se veían constreñidos. Gracias al fallo judicial en contra del Ayuntamiento todo ha cambiado y se atreven a hablar. Numerosos miembros de la Policía Local de Andalucía están siguiendo a través de Internet las referencias al lamentable proceso y su evolución, y crece el interés por conocer otros aspectos, más aún cuando ha trascendido que la Asociación de Jefes y Directivos de Policías Locales de Andalucía perfila los pormenores de la querella que se presentará contra determinadas personas relacionadas con el asunto.

Vamos a dedicar este artículo a todo aquello que, independientemente del planteamiento jurídico y procesal que considere conveniente esa asociación, se ha venido conociendo desde que Manuel Jiménez Barrios se decidiese definitivamente a desplazar del mando del cuerpo a su Jefe, el Intendente Manuel Domínguez García, y le ofreciese el cargo a Manuel Romero Rubiales, contra quién se ha pronunciado la justicia, declarando NULO su nombramiento.

Crecen los argumentos sobre una clara operación para quitar de en medio  a Domínguez, quién se caracterizaba por su imparcialidad y objetividad. No en vano, existe una manifiesta coincidencia en el tiempo entre la apertura del expediente disciplinario a éste y el nombramiento de Romero y toda una amplia operación mediática para justificar la medida que, a la postre, se ha vuelto en contra del regidor.

José María Román, será llevado a los tribunales por recurrir el fallo judicial.

ENGAÑO DEL ALCALDE

De lo que se conoce se puede informar ampliamente sobre los pasos previos que da el alcalde para engañar sobre todo el proceso. En el Diario de Cádiz, a mediados de junio del 2003, dice que en los próximos cuatro años habría que encontrar al nuevo Jefe de Policía cuando, en realidad ya se lo había ofrecido desde tiempo atrás a Manuel Romero y le había insistido, una y otra vez, para que aceptara el cargo, sabiéndose que no reunía los requisitos para ser el Intendente Mayor y Jefe del Cuerpo, como ha quedado demostrado por los Tribunales. Así convoca a la Comisión de Gobierno y propone la creación del Puesto de Jefe del Cuerpo por libre designación, como permitía la Ley Andaluza pero con sujeción a determinados requisitos que él no respetó.

Como Romero Rubiales no podía presentarse a la Plaza de Intendente Mayor, ya creada anteriormente, porque no solamente no reunía requisitos de edad sino que no poseía la titulación superior (en el procedimiento que se siguió para su designación no consta que tenga ninguna) utiliza una argucia y junta la cualidad de funcionario a las características del puesto de Jefe. Así evita que tenga que superar un proceso selectivo para el que no tenía opción alguna y lo nombra a dedo. ¿Cómo lo disfraza? Pues acumulando a la Plaza de Intendente Mayor, para el que se requiere titulación superior y superación de un complicado y difícil examen al cargo de Jefe que es a dedo y así crean en Pleno el Puesto de Intendente Mayor Jefe por libre designación, en claro fraude de ley y manifiesta desviación de poder.

PETICIÓN DE AYUDA

De antemano se sabía que el cargo era para Romero Rubiales. Éste, conocedor de que tanto al Ayuntamiento como al medio citado llegaban muchas cartas de apoyo a Manuel Domínguez, busca el mismo apoyo en otras Jefaturas de Policía Local y sale trasquilado. Y no sólo pide ayuda para él sino para otro guardia civil que iba a ser nombrado, como así fue, en Punta Umbría, y cuyo nombramiento también ha resultado NULO por sentencia judicial. Con esa actitud demostraba que él iba a ser el elegido porque de lo contrario ¿para qué pedía ese apoyo? ¿Cómo sabía que de todos los candidatos, 13 en total y con excelentes currículos, era él el elegido? En declaraciones al Diario de Cádiz el 22 de diciembre del 2003 afirmó que “se presentó al concurso y que durante el tiempo que fue capitán mantuvo una relación estrictamente profesional con Jiménez Barrios”.

Ya se dijo en artículo anterior que no fue un concurso sino un nombramiento a dedo y que subía y bajaba las escaleras del Consistorio habitualmente pese a no existir dependencia jerárquica alguna entre el alcalde y su persona. Y también cómo Jiménez Barrios, que solo estuvo en la Alcaldía tres meses escasos desde la toma de posesión de Romero, ya presidió después de dejar la alcaldía alguna comida en Chiclana con participación del actual regidor, concejales y mandos de Policía proclives al gobierno local y el nombrado digitalmente. Si Jiménez Barrios está en Sevilla ¿cómo se fraguó tan intensa relación con Romero Rubiales en tan poco tiempo y a pesar de la lejanía y de no haber relación profesional alguna? ¿Fue un flechazo?

JIMÉNEZ BARRIOS SABÍA QUE ERA ILEGAL

El 28 de noviembre de 2002 y siendo vicepresidente de la FAMP Jiménez Barrios, recibe una carta del secretario de esa Federación, Antonio Nieto Rivera, en la que se dice: “Estimado Presidente de la Corporación de Chiclana de la Frontera: Como sin duda conoces, desde la Federación se ha participado muy activamente en la elaboración de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales, desde su fase de borrador como anteproyecto a su debate parlamentario, dado que dicha norma regula la coordinación de una materia de competencia local”.

En el interior hay una serie de acuerdos y en el segundo párrafo del texto se dice: “La propia Ley 13/2001, ha venido a propiciar la adaptación de las escalas a un mayor grado de exigencia académica”. Y al final: “Te ruego que traslades dicho acuerdo al concejal responsable del Área, en la confianza de que el mismo pueda serle de utilidad “.

TITULACIÓN ACADÉMICA INEXISTENTE

Con esto queda demostrado como la FAMP, cuyo vicepresidente hasta diciembre de 2003 fue Manuel Jiménez y que llegó a ser presidente desde esa fecha hasta junio de 2004, participó activamente en la Ley que propició el nombramiento a dedo de Romero Rubiales. También lo es que Jiménez Barrios y el concejal de Policía estaban al tanto de las exigencias de la titulación académica superior para el empleo de Intendente Mayor que propusieron y dieron a Romero Rubiales, no solamente porque lo imponía la Ley sino porque estuvieron inmersos activamente en su elaboración.  

Curioso resulta, pues, como se alude en el texto de la FAMP a la necesidad de titulación académica superior que no exige a Manuel Romero. Para justificar la ignorancia de la legalidad en el Decreto de Nombramiento por el alcalde se reconoce que Romero Rubiales estuvo seis  años y seis meses como capitán de la Guardia Civil de Chiclana. Pero sólo lo fue durante 4 años y 5 meses y su categoría no corresponde de manera equivalente a la de Intendente sino que es inferior, con lo que también incumplía otro requisito básico para el cargo. ¿Quién no dice la verdad?

FARSA DE ROMERO RUBIALES

Romero Rubiales participa de la farsa. En declaraciones al Diario de Cádiz dice que la relación con Domínguez era buena pero que la tuvo mayor con Lucena, el subinspector sustituto natural porque el anterior estuvo largo tiempo de baja. Tales manifestaciones no son tampoco ciertas. Es Lucena quien en el periodo 1997- 1998 y especialmente desde junio de 2000 hasta marzo de 2002 está mucho tiempo de baja por enfermedad. Domínguez no estuvo de baja entre noviembre de 1997 y marzo del 2002 salvo un par de semanas. La intención era la difamación porque no se explica tales aseveraciones lejos de la realidad.

También dijo Romero, para echarse flores, que implantó las patrullas conjuntas de Policía Local y Guardia Civil. Fue el Jefe de Policía Local, Domínguez, y el capitán de la Guardia Civil, Emeterio Marcos Domínguez, quienes hicieron eso y también consiguieron que la Guardia Civil estuviese ya siempre presente en la Feria, desde fecha anterior a la llegada de Romero.

CONNIVENCIA

El 26 de diciembre de 2003 el concejal de Izquierda Unida, José Pedro Butrón, afirmó que dos meses antes del nombramiento se sabía que era para Romero Rubiales. Es ratificado por miembros de los sindicatos, Junta de Personal y plantilla de la Policía en general. Se puede elegir a dedo a quien se quiera, pero no se puede ser tan negligente como para dejar pruebas e indicios que demuestren una connivencia en un acto administrativo con consecuencias en muchos ámbitos.

El mes próximo contaremos los contenidos de escritos de sindicatos y asociaciones en los que dejan al descubierto al ex-alcalde Jiménez Barrios en su comportamiento. No sólo nombró a quien no reunía los requisitos, pese a ser advertido, sino que se puso de acuerdo con el mismo, según esos documentos, y de antemano para esa finalidad. Estos extremos se suponen tendrán peso específico en la querella que presentará la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía contra el que nombró a Romero (Jiménez Barrios), el que ha recurrido la sentencia (José María Román), el que lo propuso (Benítez Mota) y el propio interesado, sin descartar que haya otras personas incluidas en ella.

 J. ARAGÓN