Puente Chico


Este capricho de Manuel Jiménez Barrios coloca de nuevo al Ayuntamiento en la ilegalidad

El juzgado declara ilegal el nombramiento de Manuel Romero como Intendente Mayor Jefe

Manuel Jiménez Barrios lo nombró a dedo contraviniendo la ley, no ajustándose a derecho


En vez de cesarlo de inmediato, José María Román presentará recurso ante el TSJA, pagando los chiclaneros la irresponsabilidad de su partido

   Después de innumerables sentencias contra el Ayuntamiento por asuntos relacionados con el personal de la Policía Local de Chiclana y tras numerosas artimañas para impedir que se produjera, ha tenido lugar el Fallo contra el alcalde Manuel Jiménez Barrios por el nombramiento de Manuel Romero Rubiales como Intendente Mayor y Jefe de la Policía Local de nuestra ciudad. Dice que “no se ajusta a derecho”, o sea, que es ilegal, y que no reúne los requisitos necesarios para ocupar el cargo. El PSOE recurrirá la sentencia al TSJA.

   Viene a decir claramente la sentencia que se nombró a Manuel Romero como Intendente Mayor “a dedo” cuando para cubrir esa categoría únicamente es posible usar los sistemas legales de concurso oposición que requieren una serie de pruebas continuadas, en régimen de concurrencia competitiva. Además, tampoco tenía la Titulación Universitaria Superior exigida y no era equivalente al empleo de Intendente, que era uno de los requisitos para ser designado Jefe del Cuerpo. No puede, por tanto, ser Intendente Mayor ni Jefe y, menos aún, Intendente Mayor Jefe.

ENGAÑO AL PUEBLO

    Otra consecuencia, al margen de la sentencia, es que, al no ser miembro de la Policía Local, le está prohibido el uso del uniforme y distintivos de ese Cuerpo y su empleo pudiera ser alegado como conducta generadora de responsabilidad. No gozaría, por tanto tampoco, de la cualidad y condición de agente de la autoridad de la Corporación local. Las decisiones que adopte, una vez que la sentencia sea firme, son susceptibles del ejercicio por los ciudadanos del Recurso Extraordinario de Revisión contra aquellos actos en que haya intervenido y del que se hubiera derivado una actuación municipal.

    Y, para mayor vergüenza, se habría engañado al pueblo cuando se le ha presentado como el Jefe de la Policía, el Intendente Mayor, el técnico y demás sutilezas. En la Guardia Civil fue descartado del mando hace más de 3 años y estaba en su domicilio percibiendo una cantidad sustanciosa por hallarse en reserva .Si no puede ejercer mando en la Guardia Civil ¿cómo lo va a hacer en un Cuerpo para el que no está preparado, no tiene titulación suficiente ni reúne los requisitos?.

Manuel Romero y José María Román. El alcalde, en vez de cesarle, lo mantiene vergonzosamente

CONVENIENCIA POLÍTICA

    También se ha engañado a la ciudadanía al insistirse en que fue seleccionado tras un concurso de méritos. El baremo de éstos últimos están perfectamente establecidos por Decreto de la Junta de Andalucía y no se empleó porque no constaba en las bases. No solamente hubiera sido el último en la relación, si se hubiere empleado el concurso, sino que, conforme a la sentencia, no podría haber sido considerado como admitido. Se trató, como dice el Fallo, de una elección libre por confianza sin méritos profesionales concretos, lo que equivale a un cargo eminentemente de conveniencia política.

ADVERTENCIAS DE LA ILEGALIDAD

    Advertencias de la ilegalidad se las hicieron a Manuel Jiménez Barrios sindicatos y asociaciones. En su ilegal decisión arrastró al actual delegado de Policía, Diego Benítez Mota, que fue quien informó favorablemente que se debía proceder a “colocar” al frente de la Policía a quien no debiera serlo, en detrimento de otras personas que tienen derecho a ello. Muchas ocasiones han sido las que la plantilla policial, los distintos sindicatos y la Junta de Personal han pedido la dimisión de Benítez. Ahora sólo cabe su cese inmediato. O el alcalde no tendrá credibilidad ninguna.

   ¿Qué tendrá que ocurrir para que se deparen responsabilidades políticas? Y todo ello sin olvidarnos del máximo responsable, del que se debieran examinar uno a uno tanto los nombramientos que efectuó en el Ayuntamiento cuando era alcalde. Por último, la responsabilidad alcanza a José María Román. La existencia de amistad con Jiménez Barrios no puede ser causa suficiente para que mantenga decisiones ilegales por tiempo indeterminado y sin ánimo de corregir.¿Quiere esto decir que en sentencias anteriores que no han recurrido eran conscientes de que lo habían hecho mal a sabiendas y por eso la acataban, o por el contrario, es ahora cuando nos encontramos en esa situación?.

MUCHAS VISITAS AL ALCALDE   

   Meses antes de la creación del puesto y nombramiento del Jefe de la Policía Local los componentes del Cuerpo ya sabían que era para Manuel Romero. El puesto de Intendente estaba ocupado desde hacía 21 años con nombramiento como tal por otra persona que ha sido objeto de una larga persecución y de cuyas circunstancias se ha hablado largamente y sobre lo que volveremos en meses futuros. Comentaban también los policías que durante su etapa de seis años como capitán de la Guardia Civil en Chiclana, sus subidas y bajadas de las escaleras del Ayuntamiento eran tan excesivas que no se justificaban.

    Lo hacía infinidad de veces, más incluso que el entonces Jefe de la Policía Local, Manuel Domínguez. Resulta sorprendente cuando no existía dependencia ni subordinación jerárquica alguna entre el mismo y el alcalde. El portavoz de Izquierda Unida, José Pedro Butrón, también llegó a manifestarse en ese sentido dos meses antes de producirse el nombramiento. Muchos sabían quién iba a ser nombrado Jefe de la Policía.

Este nombramiento a dedo ha sido
declarado ilegal por el juzgado

TITULACIÓN

    El Sindicato Independiente presentó un escrito al alcalde, Jiménez Barrios, en el que reseñaba lo citado anteriormente y le comentaba que todo indicaba que el proceso parecía conducir a que, fuesen quienes fuesen los candidatos presentados (en su inmensa mayoría mandos y jefes de Policía Local, diez en total (y algunos hasta con tres carreras y amplia experiencia), no serían elegidos. Comentaba así mismo el desliz que tuvo el alcalde al añadir en su Decreto de aprobación de las bases para elección del cargo que los destinatarios deberían pertenecer a los cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas de Seguridad.

    La única Fuerza de Seguridad es la Guardia Civil y ¡sorpresa!, el elegido es el único de este cuerpo y quien no reunía los requisitos, mientras que el resto de candidatos, sí. Tanto la Ley como el acuerdo plenario hablaban de Cuerpos de Seguridad. ¿A qué venía entonces ese sobreañadido?. Existe una carta del secretario de la FAMP al propio alcalde, que entonces era vicepresidente de la misma, en la que afirmaba que este organismo había participado activamente en el proyecto, borrador y debate de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Junta de Andalucía, que fue la que aprobó por la mayoría socialista en el Parlamento la designación a dedo de los Jefes de Policía Local, aunque IU y PP votaron en contra. Añadía el escrito de la Federación que la Ley habían hecho especial hincapié en la exigencia de titulación. Y, curiosamente, el alcalde y vicepresidente de la FAMP, y colaborador con la Ley que incidía en la exigencia de titulación,  eligió de entre los trece aspirantes, al único que no la tenía.

QUERELLA CRIMINAL

    El Sindicato Independiente aludió también a la existencia de una comunicación escrita enviada a una asociación, en la que se trasladaba cómo el propio Romero Rubiales había admitido que, tiempo antes de la creación del puesto de Jefe por el Pleno, el alcalde se lo había ofrecido y pasaba por su despacho para ultimar los detalles. Éste y los anteriores indicios, de extrema gravedad por lo censurable de la conducta que entraña, y suponemos que otros argumentos, unidos a la sentencia, serán importantes para la gestación de la anunciada querella criminal que presentará la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía (AJDEPLA), ganadora del litigio a la Alcaldía y Consistorio.

    No resulta extraño que el ex-alcalde no pidiera al secretario municipal antes de su decisión cualquier tipo de asesoramiento, de lo que era tan partidario cuando así le interesaba, porque le hubiera complicado la actuación. Es más, tenemos serias dudas de que la Secretaría no haya hecho constar por escrito que queda al margen de cualquier decisión. No estaría de más que algún miembro de la oposición pidiera si existe esa advertencia o no.

BUENAS REMUNERACIONES

    Y ¿cuántos nos ha costado durante estos diecisiete meses transcurridos el gesto de endiosamiento y de ejercicio de poder y de fuerza de Manuel Jiménez Barrios, mantenido por el actual regidor y coreado por el resto de miembros del equipo de gobierno?. A Romero le abonan sólo en concepto de productividad entre 150.000 y 210.000 de las antiguas pesetas mensualmente, esté o no al frente de la Policía, lo haga como lo haga.

RECURSO PARA GANAR TIEMPO

    El Ayuntamiento dice  que presentará Recurso de Apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con el que persiguen ganar tiempo y dejar pasar las elecciones para que no les pase factura (es ya la gota que ha colmado el vaso de las ilegalidades). También buscan perpetuar en el cargo a Manuel Romero Rubiales hasta su jubilación dentro de cinco años, si no deciden acatar y ejecutar la sentencia antes o el nombrado se retira voluntariamente . La permanencia hasta que cumpla los 65 años Romero nos costará cerca de noventa millones de las antiguas pesetas. Hasta ahora lo recibido por éste en 17 meses en seguridad social, sueldos y retribuciones asciende a casi 113000 euros (casi 19 millones de ptas.) y lo que obtendrá hasta que se jubile si antes no hay fallo serán casi 400000 euros (66 millones de ptas.)

    Mucho dinero para quien se quita de en medio cuando el pueblo lo necesita o que tiene la idea de freír a multas a todo el mundo por infracción a las normas de tráfico y luego predica con el ejemplo hablando por el teléfono móvil mientras conduce, conducta expresamente prohibida por las normas que la regulan. Dinero y dignidad, legalidad y ejemplo, respeto y aplicación de las mismas varas de medir para casos idénticos son cuestiones a valorar en este caso. Ni el dinero compra la dignidad ni quien ha hablado de los policías subordinados como mercaderes, mercenarios y peseteros tiene ahora fuerza moral para erigirse respetuosamente como funcionario superior de la Policía ni Jefe del Cuerpo sin sentir sonrojo y vergüenza ante un juego al que se prestó y principalmente ante una sentencia que todos sabíamos cuál iba a ser el resultado.

J. ARAGÓN

Izquierda Unida: “Hay que ejecutar de inmediato la sentencia
 

   Para Izquierda Unida está claro que este nuevo varapalo judicial al equipo de gobierno del PSOE deja en evidencia la ineficaz gestión de los asuntos públicos por parte de éste. Creemos que hay que ejecutar de inmediato la sentencia, cesar con urgencia al señor Romero Rubiales de su cargo de Intendente Mayor. Existen responsabilidades políticas que asumir por parte, tanto del señor Benítez Mota (delegado de Policía) y del anterior alcalde, Manuel Jiménez Barrios, máximo responsable del nombramiento a dedo y no ajustado a derecho de Intendente Mayor. La decisión del equipo de gobierno socialista de recurrir el fallo no implica más que una huida hacia adelante y querer ganar tiempo, pero ese tiempo político del PSOE lo van a tener que pagar los ciudadanos de Chiclana, puesto que los gastos que se vienen generando desde su nombramiento no ajustado a derecho, tendrán que salir del dinero de todos, lo que nos parece sumamente grave.

    Este recurso va a perderlo, ya se lo decimos, como ya le dijimos en diciembre de 2003 cuando realizó este nombramiento ilegal. Existe jurisprudencia muy clara puesto que ya hay casos similares en Punta Umbría y Jerez. Que dejen de despilfarrar el dinero público en su propio interés y que los señores Benítez Mota y Jiménez Barrios asuman su responsabilidad por la comisión de esta ilegalidad.

JOSÉ PEDRO BUTRÓN-Concejal portavoz de IU-CA

 

PSA: “El PSOE nombró a dedo a Romero para utilizarlo políticamente
 

   La sentencia que deja sin efecto el nombramiento por parte del PSOE en Chiclana del Intendente Mayor deja a las claras en nuestra ciudad una cuestión muy importante: y es que después de 22 años de gobierno del PSOE en mayoría, este partido ha olvidado algo tan importante en democracia como es la igualdad de derechos. En el nombramiento de Manuel Romero Rubiales no ha existido igualdad de oportunidades entre los aspirantes al puesto; en la elección, el PSOE obvió las características del resto de aspirantes para nombrar a dedo a un jefe de la policía que pudiera utilizarlo políticamente sin importar si cumplía  reglas tan básicas como tener la titulación necesaria o la capacidad técnica para el cargo.

    Está claro que después de 22 años, esta ciudad no puede seguir gobernada por quienes les da igual las reglas democráticas y no dan oportunidades a todos los ciudadanos por igual, piensen lo que piensen, voten lo que voten. ¿Quién devuelve a los chiclaneros el dinero que se le ha estado pagando como jefe de la policía sin tener capacidad para ello? ¿son válidas las multas de tráfico y demás infracciones firmadas y confirmadas por este señor como jefe de la policía local?.

MARÍA ÁNGELES POLANCO-Concejal portavoz del PSA

 

PP: “Llevan años buscando que no haya un orden en este Cuerpo

   Este fallo se veía venir. Manuel Jiménez Barrios no actuó conforme a derecho según recoge la propia sentencia. Tenían que haber hilado más fino en ese intento de intervención en la policía, donde llevan años buscando que no haya un orden en este cuerpo, con lo que el conflicto existente no se resuelve. Cometen errores continuos, planteamientos políticos por encima de los técnicos y unos únicos culpables: el anterior alcalde, Manuel Jiménez, y el actual, José María Román, que ha seguido las pautas del primero, sin saber resolver el problema y complicando mucho más la situación.

   Los problemas con la policía vienen de hace muchos años, pero Román no tiene capacidad negociadora ni talante para resolverlo. Eso se ha visto en la manera de manejar el actual conflicto del convenio y se ha comprobado que lo único que pretende es someter a la plantilla con órdenes y no con razones. La policía es un colectivo fundamental para la seguridad de los ciudadanos y no se puede mantener un conflicto permanente. Gracias al civismo de los agentes se están manteniendo unos niveles de cordura y de sensatez, aunque no por parte de nuestro regidor, que debería reflexionar sobre esta cuestión,  y es su obligación sentarse a negociar con las partes, porque esto no puede seguir así, y es de su responsabilidad. Si no es capaz de hacerlo debería dejar su cargo o sentarse a negociar y no crear más situaciones de tensión.

ROSARIO MATEOS-Concejal portavoz del PP

 

 



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