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El PSOE sufre un duro revés en su
intento de expulsar de la Policía al Intendente Jefe
Los oscuros intereses de
Cortabarra y de los socialistas salen a la luz tras sobreseer el TSJA
por falta de pruebas la denuncia contra Domínguez Los jueces vuelven a demostrar que el anterior alcalde, Manuel Jiménez, y su partido, incumplen la ley sistemáticamente
El sobreseimiento libre de cargos que le
fueron imputados al Intendente Jefe de la Policía Local, Manuel
Domínguez, a finales del pasado año, ha sido un duro revés para el
Ayuntamiento, sobre todo después de personarse como acusación
particular, tras una denuncia formulada contra su jefe por el entonces
cabo de ese cuerpo, Antonio Cortabarra, escasos días después de
conocer éste último la superación del curso para su ascenso y de ser
nombrado en el cargo de subinspector en una actuación absolutamente
ilegal del poder público.
El Ayuntamiento está guardando silencio al respecto intentando
camuflar la verdad con la apariencia de un falso ajuste a lo que era
exigible cuando la realidad es bien distinta. En la operación,
perfectamente planificada, se trataban de conseguir varios objetivos
que lo han sido a la perfección aunque ha faltado el remate final que
era lograr el procesamiento del Jefe de Policía, Manuel Domínguez,
para así dar ocasión a su expulsión del Cuerpo. Pero no han contado
con que los procedimientos por vía penal se llevan a efecto por jueces
profesionales e imparciales que han tirado por tierra sus
pretensiones. El primer objetivo era el descrédito absoluto y
permanente del jefe policial.
Utilizando el calumnia que algo
queda y sabedores de que los medios de comunicación les servirían para
sus fines de descrédito, se trataba solamente de mantener la tensión y
recordar continuamente el hecho con cualquier excusa. Luego, si el
resultado era otro, se trataría, como así ha sucedido, de que la
repercusión mediática fuese menor y ya quedaba manchada para siempre
la imagen del funcionario. De otra parte, el Ayuntamiento quería
abrirle como fuera un expediente disciplinario y así lo hizo el
anterior alcalde, Manuel Jiménez Barrios, a primeros de
diciembre del 2003.
PUNTA UMBRÍA, UN PRECEDENTE Querían personarse como acusación particular no sólo para ver lo que ocurría durante el proceso sino también para tener los datos con que poder causarle el mayor daño posible por la vía judicial. Así mismo, serviría para distraer la atención al haber nombrado ilegalmente, y coincidiendo en las fechas, a un nuevo jefe de Policía que no reunía los requisitos legales. Mientras se hablase de Domínguez no se haría de un acto que es de extrema gravedad. Tanto que en Punta Umbría, localidad dónde designaron a dedo también a otro componente de la Guardia Civil para ser Inspector Jefe de la Policía Local, ya el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva lo ha declarado nulo por carencia de titulación y porque no es miembro de la Policía Local de dicha población, estando descartado de poder ostentar categoría alguna en el Cuerpo. Estos detalles se dan también en Chiclana pero aquí se observan muchas más irregularidades que en aquélla. CASTIGO POR CUMPLIR CON SUS FUNCIONES
Lo realmente grave en todo este asunto es que los daños producidos son
irreparables. En el expediente disciplinario que le fuera abierto por
el anterior alcalde se culminan las actuaciones de castigo por actuar
en el cumplimiento de sus funciones. Y la incoación del expediente
disciplinario nunca debía habérselo abierto porque estaba fuera de la
Ley al estar prescrito de antemano. Los hechos ocurrieron el 9 de
agosto de 1997. El expediente se le incoa a principios de diciembre
del 2003, más de seis años después. A este respecto, el Reglamento
disciplinario a aplicar es concluyente. El artículo 16 dice: “ Las
faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos
años y las leves al mes. 2). El plazo de prescripción comenzará a
contarse desde que la falta se hubiere cometido”.
Es decir que era de todo punto imposible
abrirle un expediente en diciembre del 2003 y si lo fue tenía el único
sentido de perjudicar la imagen del funcionario y mantenerlo sin
sustento durante un largo periodo, pues sólo cobraría el 75% del
sueldo y trienios, con exclusión de la totalidad de los complementos,
que es la mayor cantidad de las retribuciones. ALEGRARSE DE LA DESDICHA AJENA
Por otra parte, el delegado de Policía, Diego Benítez Mota,
salió en prensa alegrándose de las desdichas de Domínguez porque el
juez de lo contencioso no observaba que se hubiese vulnerado el
principio constitucional de presunción de inocencia. Si ahora se
reconoce que no había motivo para actuación en vía penal contra el
Jefe de Policía y ha sido objeto de juicios paralelos y mediáticos, es
difícil entender que no se vulnerara su presunción de inocencia.
¿Actuarán ahora los miembros de equipo de gobierno y el alcalde de
idéntica manera cuando se trate de tomar medidas contra el subordinado
infiel y que denuncia falsamente?.
LLUEVE SOBRE MOJADO
Y en todo este manejo de trama orquestada,
la figura del denunciante beneficiado por unas actuaciones de los
equipos de gobierno que lo hicieron un héroe. El 24 de noviembre de
2001, el entonces concejal de Policía, Manuel Rodríguez Pérez,
luego nombrado cargo de confianza de alcaldía con un suculento sueldo,
alababa a Cortabarra diciendo que era de valientes denunciar a
Domínguez porque “ya llovía sobre mojado”. Según esas palabras,
parecía que Domínguez delinquía habitualmente y que, de nuevo, volvía
a las andadas. Vergüenza tendría que sentir el alcalde, José María
Román, de mantenerlo en su puesto. REGALO NAVIDEÑO: DEGRADACIÓN PÚBLICA
El alcalde, el edil de Policía y la Junta de Gobierno Local no se
conformaron con dejar a Domínguez diez meses sin sustento suficiente
para su familia sino que aderezaron el expediente disciplinario y la
suspensión cautelar de empleo y sueldo con otras actuaciones dignas de
relatar: le comunicaron la incoación no el día 10 en que se le abrió
sino la víspera de Navidad como espléndido regalo para las fiestas;
le limitaron el acceso a la jefatura; le obligaron a entregar la
placa, el carnet profesional, la radio, el móvil, los uniformes, las
llaves de la taquilla y del despacho, borraron desde el primer día
cualquier dato de sus teléfonos del listín telefónico existente en la
jefatura y quitaron el cartel de Intendente Jefe de la puerta.
Simultáneamente a estos hechos se
desarrollaron otros sucesos que no se pueden imputar a miembros del
equipo de gobierno, pero que son significativos: el mismo día que se
supo de la incoación de expediente disciplinario, alguien, dentro de
la Jefatura, colocó la palabra ex delante de Intendente Jefe que
estaba en la puerta de su despacho, aunque lo más grave fue que algún
desaprensivo envió, pasado un mes de los hechos, varios recortes de
prensa alusivos a la situación del funcionario, en un sobre cerrado,
al domicilio de su madre, de avanzada edad. Y a todo esto, ni una
palabra de disculpa del alcalde ni ediles que le han vituperado. Es
una vergüenza tener estos políticos rigiendo nuestro ayuntamiento y
nuestro destino. J. ARAGÓN
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