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Las directrices dictadas por el nuevo jefe de policía alimentan el malestar entre la plantilla Un empresario local fue detenido, presuntamente, de forma ilegal por orden del Intendente Mayor Jefe El alcalde tuvo que intervenir para que se agilizara su puesta en libertad tras entrevistarse con el abogado de la persona afectada
A dos meses del aterrizaje del nuevo
Jefe de Policía Local nombrado a dedo por el alcalde
No se trata del proceso de adaptación derivado del cambio en la
organización sino de una caída en picado de la moral de un colectivo,
forjada a través de muchos años, y de una presumible pérdida real de
la credibilidad, a corto plazo y si nadie lo remedia. Es fundamental
que cada actuación esté fundamentada en las exigencias de objetividad
e imparcialidad que debe imperar en las intervenciones de todo
policía. ¿Por qué se dice esto? Pues sencillamente porque el ciudadano
medio saca muchas conclusiones del comportamiento del nuevo Jefe de
Policía y lo deriva hacia el colectivo, salpicando y comprometiendo su
dignidad profesional.
Así es difícilmente entendible como un
mando policial pueda implicarse en actos políticos del PSOE, partido
que gobierna en Chiclana, acudiendo a la Bodega El Carretero el
domingo anterior a las elecciones y arrastrando al sargento, para
asistir a un acto con participación de un consejero de la Junta y
ordenando el montaje de un dispositivo específico de la policía, y
que, por el contrario, no se dé por enterado ni haga lo mismo cuando,
al día siguiente, lunes y laborable, y pese a ser conocido que el
ministro del PP, Arias Cañete, visitaría la localidad, no
aparezca para nada ni disponga presencia ni acompañamiento policial.
Eso se llama clientelismo político y trato desigual, máxime cuando
anteriormente, desempeñado su trabajo en la Guardia Civil, se enteraba
de todo y actuaba con imparcialidad.
ÓRDENES POLÉMICAS
Tampoco es desdeñable evaluar las consecuencias que van a tener en un
futuro otras medidas ordenadas que van en la línea de generar mayor
ingresos para el Ayuntamiento. Entre éstas se encuentran las
instrucciones de que toda moto o ciclomotor, cuyo conductor no lleve
casco o se encuentre sobre acerado, sea retirada con la grúa y que su
propietario abone la tasa, obligando en ambos casos al agente a
permanecer en el lugar de la infracción hasta la llegada de ésta, de
brazos cruzados y sin poder atender otros requerimientos o efectuar
otros servicios, lo cual es absurdo e inoperante.
En el primer caso se podrá entregar la
moto a cualquier persona enviada por el presunto infractor que venga
provisto de casco y curiosamente no se dice que se compruebe que tenga
licencia de ciclomotor. Si al policía no se le quiere dejar pensar ya
que las órdenes tienen contenidos que parece que los considera como
cortitos de entendederas, también habrá que dárselo todo hecho y
suponer que se le puede escapar ese dato. ACTUACIÓN DE LA GRÚA
En el segundo supuesto no da tampoco
iniciativa a éste para la valoración de cada caso concreto y hace una
interpretación extraña y abusiva, pues le da igual que la moto esté
sobre un acerado de 5 metros que sobre uno de sólo dos, resultando
hechos distintos puesto que sólo puede retirarse con grúa cuando
exista obstaculización grave de la circulación, dificultad en la misma
o abuso. Esta generalización ocurre también respecto al casco porque
lo que está permitido es, con carácter especial, proceder a la
inmovilización pero no ampliar hasta el infinito y por sistema el uso
de este servicio para reprimir conductas que ya se castigan con una
denuncia y una sanción, pero que no se deben incrementar porque sí
con otros costes adicionales innecesarios, salvo que esté sobradamente
justificado. RETIRADA DE INDICADORES DE LA FIESTA DEL PSOE
Afortunadamente los miembros del Cuerpo son difícilmente
influenciables y actúan con objetividad. Como muestra tenemos el dato
de que han denunciado y retirado, previa realización de fotografía,
varios carteles instalados por el PSOE en las señales de tráfico,
procediendo a su denuncia. Esta cartelería se colocó para indicar el
lugar de la fiesta socialista que se hizo en El Sotillo.
Curiosamente, en un medio provincial, el 23 de marzo se decía que el
pasado año la Policía efectuó muchas denuncias de establecimientos en
el verano. Pues bien, no se ha tramitado ninguna de ellas. Esperemos
que las que se mencionan anteriormente lo sean y en atención al número
de señales afectadas, al menos para que el equipo de gobierno dé la
apariencia de que actúa imparcialmente. DETENCIÓN DE UN EMPRESARIO
Por último, aunque la relación sería larga, también se ha
producido otro hecho a principios de febrero que no ha trascendido y
que antes de la llegada del ex-capitán de la Guardia Civil
posiblemente no hubiera tenido el desenlace que les contamos. Se trata
de la detención, suponemos que por orden superior, de un joven
empresario, trabajador y emprendedor, por presunta desobediencia grave
a la autoridad.
Este señor fue citado a declarar en la
Jefatura de Policía tres días antes de su comparecencia en la misma y,
una vez allí, detenido, trasladado al cuartel de la Guardia Civil y
fichado. Le tomaron impresiones de las huellas y le fotografiaron como
si de un peligroso delincuente se tratara. Al tratarse de día hábil y
hallarse abierto el Ayuntamiento, las rápidas gestiones del abogado
dieron como resultado que se agilizara su puesta en libertad. Testigos
dicen que el alcalde y su mano derecha -es un eufemismo- estaban
blancos como la cal porque podía trascender a la ciudadanía tremenda
barbaridad y ser cuestionadas las últimas decisiones que han tomado. ACTUACIÓN DESMEDIDA
La gravedad del caso deriva en que el hecho motivo del arresto no es
de suficiente entidad, pues de haberlo sido no se le hubiere entregado
citación para que fuera a la jefatura tres días después a declarar,
sino que se procedería a su detención en lugar de requerirlo y en ese
preciso instante; como también de que es una persona que tiene un
negocio que atender, está localizado, perfectamente identificado,
vecino de Chiclana, no había peligro de que no atendiese el
requerimiento del Magistrado y no tiene asuntos pendientes con la
Justicia.
La detención está basada en el principio
de legalidad y puede practicarse en caso de delito flagrante, con
carácter inmediato a la comisión de un delito, cuando se trate de
evitar la comisión del mismo, tratándose de un sospechoso o de alguien
reclamado por la Justicia. El caso deriva de un escrito de la
Vicepresidencia de la Gerencia de Urbanismo que dispone abrir un
expediente administrativo con advertencia que podría ser clausurada
cautelarmente la actividad. Ésta se produce y luego se le permite
abrir por espacio de tres días para atender pedidos y es nuevamente
precintada, apareciendo rotos los precintos y abierta la empresa.
No consta que haya sido aún sancionada
administrativamente y el Ayuntamiento dispone de medios para hacer
cumplir sus resoluciones, especialmente porque está muy próxima a la
Policía Local, lo que hace más incomprensible la actuación y plantea
dudas sobre las actuaciones de personas que son designadas a dedo y
vinculadas a la libre voluntad de un alcalde, pues queda cautivo a
obedecer las directrices o a ser expulsado del trabajo. J. ARAGÓN |
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