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La Delegación Provincial
de Medio Ambiente inicia expediente sancionador contra la entidad
titular del vertedero de El Chaparral
Incumplía la Declaración de
Impacto Ambiental, pero lleva cerrado casi un año
A raíz de varias denuncias interpuestas
por la Asociación Ecologista AGADEN, la Delegación Provincial
de Medio Ambiente ha decidido iniciar expediente sancionador contra la
entidad titular de la explotación del vertedero de escombros de El
Chaparral, que dejó de funcionar hace ya casi un año, e incumplía
de forma clamorosa el condicionado de la Declaración de Impacto
Ambiental, en lo que a la clausura y sellado de los terrenos ocupados
por la escombrera se refiere.
Como lamentablemente suele ser habitual,
la entidad explotadora, al parecer la mercantil Demoliciones
Completas S.L, lo había explotado mientras le resultaba muy
rentable, y una vez que el mismo estuvo colmatado, se desentendió
dejando el terreno en un estado lamentable. En concreto, la
Declaración de Impacto Ambiental exigía entre otras cuestiones que el
vertido finalizara un metro por debajo de las cotas de relleno con
objeto de poder extender una capa de drenaje y otra de tierra vegetal.
Una vez sellado el vertedero y terminada la restauración, se debería
realizar una vigilancia del mismo, durante un periodo que asegurase la
estabilidad del terreno restaurado y la vegetación implantada.
Concluido el relleno del vaso de la
cantera se debía proceder al extendido de una cubierta de tierra
vegetal de al menos 100 centímetros de espesor. Se debía realizar una
revegetación suficiente para la formación de “cobertura vegetal
densa, con árboles y arbustos”. En una franja de 4 metros
paralela a la Colada de Fuente Amarga se debía realizar otra
revegetación con matorral mediterráneo. Además, la Declaración de
Impacto exigía la periódica realización de analíticas de aguas de
pozos del entorno del vertedero. TERRENO DEGRADADO
Nada de esto se hizo, sino que muy al
contrario, se dejó un terreno absolutamente degradado. Actualmente, la
normativa reguladora del vertido de residuos, exige a las entidades
que exploten vertederos que asuman -además de la obligada clausura de
los mismos-, el mantenimiento de estos durante un periodo de 30 años
después de su clausura. Estas entidades están obligadas a prestar una
fianza que sirva para que (como en el caso que nos ocupa) la
administración pueda utilizarla para hacer frente a los gastos que se
ocasionen ante eventuales incumplimientos o daños ambientales
derivados del vertedero una vez clausurado.
La realidad en la provincia de Cádiz ha
sido bien distinta, existiendo numerosos ejemplos de vertederos que
una vez colmatados, fueron abandonados de cualquier manera, teniendo
que asumir las administraciones con el dinero de los ciudadanos, los
gastos del sellado y posterior restauración de los terrenos. Como
casos sangrantes se puede citar el vertedero del Berrueco en Medina, o
el vertedero de Mimo, en el Puerto, por citar solo algunos casos de
actualidad.
AGADEN espera que
de una vez por todas se acabe con estos hechos y la Delegación
Provincial de Medio Ambiente sea escrupulosa a la hora de exigir a los
explotadores de vertederos el cumplimiento de la normativa que les
afecta. AGADEN
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