Vertedero ilegal de La Victoria

 Ocultó al equipo de gobierno de Ernesto Marín información que tenía sobre un convenio con la Mancomunidad de la Bahía 

“Román debería dimitir por traicionar a todos los chiclaneros en el caso del sellado de La Victoria”

El Partido Popular pide la dimisión de José María Román como alcalde de Chiclana por “cometer alta traición a todos los chiclaneros en el caso del sellado de La Victoria”. Y es que, según el actual regidor, el Ayuntamiento había firmado con la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz un convenio en 1998 por medio del cual se regulaba la cesión del vertedero de La Victoria a dicha Mancomunidad  con todos sus derechos y obligaciones. 

“La Delegación de Medio Ambiente clausuró este vertedero  con nocturnidad y alevosía cuando gobernaba el cuatripartito del PP, IU, PA y el PSA de la Sra. Polanco, y además obligó a dicho gobierno a que redactara el proyecto de cierre de La Victoria, queriéndole obligar incluso al sellado definitivo del mismo por un montante aproximado de seis millones de euros, a lo que el Gobierno, presidido por Ernesto Marín, se opuso tajantemente en cuanto que entendía que dicho coste debería pagarlo la Junta de Andalucía”, manifiesta el Partido Popular.  

Los populares aseguran que “ahora el Sr. Román aparece en escena sacándose de la chistera un convenio que había firmado en 1998 con la Mancomunidad, convenio que en ningún momento fue aludido por los técnicos ni hablaron de su existencia”,  por medio del cual hay posibilidades de que la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz se haga cargo de los costes del sellado: “Todo esto lo dice ahora y lo ocultó al gobierno anterior de Ernesto Marín, en un claro caso de ocultamiento de información, con el único objetivo de hacer daño a la ciudad, ya que todo lo malo que le pasara a Chiclana durante el gobierno del cuatripartito era bueno para Román y el PSOE”.  

Si Marín “no llega a hacerle frente a las injusticias de la Junta de Andalucía, podría haber traído consigo un altísimo coste para las arcas municipales, es decir para el dinero de todos los chiclaneros”. 

CONVENIO CON LA MANCOMUNIDAD 

El vertedero, como denunciaron PUENTE CHICO y asociaciones ecologistas, desde que se abrió trabajó de forma ilegal, sin permiso alguno, ni medidas correctoras y sin cumplir ninguno de los requisitos medioambientales. Ha estado funcionando ilegalmente durante catorce años, llevado a los tribunales por vecinos colindantes y ordenado su cierre por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo, aunque como ya publicó –y demostró con documentos- esta revista en enero de 2008, el que fuera alcalde de Chiclana, el socialista Manuel Jiménez Barrios, llegó a comprar con dinero público (34.000 euros) el silencio de los denunciantes ante los tribunales para que no ejecutaran dichas sentencias.   

Cuando el PSOE gobernaba se dijo que el cierre del mismo correría a cargo de la Junta, pero al llegar el cuatripartito al poder todo cambió y la Junta aseguró que tenía que abonarlo el Ayuntamiento de Chiclana. El actual alcalde, José María Román, confirmó a un medio provincial la existencia de un convenio de cooperación con el Consorcio Bahía de Cádiz ¡desde 1998!, aprobado en sesión plenaria el 27 de agosto de ese mismo año. ¿Entonces por qué la Junta lo negó y los socialistas chiclaneros nada dijeron entonces de ese acuerdo?  

ROMÁN MIENTE 

Ahora sale Román diciendo que “no tuvimos ocasión de hablar del mismo con el anterior equipo de gobierno porque, tal y como es público, nunca se nos reclamó para hablar de éstas y otras cuestiones de interés para la ciudad”. La flaqueza de memoria de Román es preocupante, porque él y su partido fueron los que lanzaron a la calle cuando la Junta cerró sin previo aviso La Victoria, a unos cuantos chiclaneros en aquella seudo plataforma que se puso como título Chiclana se hunde.  

En vez de hablar de ese convenio culparon al cuatripartito de cerrar el vertedero y de ser los culpables de que cien transportistas se quedaran en la calle por ello. Mayor desvergüenza no cabe. Ahora, como de nuevo el PSOE gobierna en Chiclana –Polanco y la silente son dos apéndices necesarios, pero que ni pinchan ni cortan- ya el Ayuntamiento no tiene que pagar los casi mil millones de las antiguas pesetas que costaría el sellado. Seguro que la delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araújo, que se negó a pagar el citado sellado, no tendrá ningún remilgo en poner el dinero para que sus compañeros de partido no lo tengan que pagar. Como dice el refrán, se coge antes a un mentiroso que a un cojo.