En este muro impactó uno de los cohetes

La Fiscalía de Cádiz imputa a los ex-concejales de Fiestas y Protección Civil por los incidentes de los fuegos artificiales de 2002

Teresa Varo, Antonio
Delli-Paoli y el propietario de la empresa de pirotecnia pueden ser acusados de imprudencia grave

Se ha olvidado del alcalde, del concejal de Seguridad Ciudadana, del de Obras y del responsable de Protección Civil, tan culpables o más que los ex-ediles

   La Fiscalía de Cádiz ha imputado en las diligencias previas a los ex–concejales del PSOE Teresa Varo (Fiestas) y Antonio Delli-Paoli (Protección Civil) en el caso de los incidentes ocurridos en 2002 durante la exhibición de fuegos artificiales de la Feria de San Antonio, en el que más de cincuenta personas sufrieron heridas, muchas de ellas de gravedad, “por imprudencia grave”. Llama la atención que el fiscal se haya olvidado de los máximos responsables: el alcalde de entonces, Manuel Jiménez Barrios; el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Rodríguez; el concejal de Obras, Sebastián Verdugo, y el responsable de Protección Civil, Diego Benítez Mota.

   A finales de abril se dio a conocer un informe en el que la Fiscalía de Cádiz, donde recurrieron numerosos afectados por los fuegos artificiales de la Feria de San Antonio 2002 tras ver que el juzgado nº 1 de Chiclana no consideraba los hechos constitutivos de delito, aunque sí pudiera serlo de falta, en el que considera que lo sucedido hace tres años es “constitutivo de un delito comprendido en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al ser susceptible de ser calificado conforme al artículo 152 del Código Penal, constituyendo el caso en concreto un supuesto de imprudencia grave”.

    Lo que en Chiclana no se consideró delito, como suele ser habitual cada vez que alguien denuncia al Ayuntamiento o a alguno de sus concejales (recordemos las carpas ilegales de Sancti Petri), la Audiencia de Cádiz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sí lo estiman constitutivo de delito y ahí tenemos los casos citados y otros muchos que ha perdido el Consistorio chiclanero.

Estos fuegos artificiales provocaron el desastre

LOS OLVIDADOS

    Lo que llama más la atención y es lo que ha sorprendido a todos, implicados y afectados sobre todo, es que el fiscal gaditano se ha olvidado (queremos pensarlo así) de los máximos responsables de lo sucedido en la Feria como son el entonces alcalde, Manuel Jiménez Barrios, presidente de la Junta Local de Seguridad; el concejal de Seguridad Ciudadana aquel año, Manuel Rodríguez, ahora enchufado en el Ayuntamiento como cargo de confianza y que en esa fecha hizo caso omiso a unos informes presentados por el Oficial Jefe de la Policía Local, Manuel Domínguez, avisando de las irregularidades graves que había, así como de la falta de seguridad en el propio recinto.

    No ha metido al responsable de Protección civil, entonces jefe de Bomberos y técnico en seguridad, Diego Benítez Mota, actualmente delegado de Seguridad Ciudadana y que tras los graves incidentes hizo un informe asegurando que todo estaba perfectamente (¡menos mal!), informe que presumiblemente había sido hecho con anterioridad aunque las fechas de entrada en el registro del Ayuntamiento demostraban todo lo contrario y que lo había redactado para librar a sus jefes de toda responsabilidad, alegando en él que lo denunciado por Domínguez no era cierto. Tampoco aparece Sebastián Verdugo, edil de Obras, responsable del montaje de la feria.

CHIVOS EXPIATORIOS

   Está claro que la fiscalía ha imputado a los más débiles en esta historia, dos personas que ya no forman parte del equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento y caídos en desgracia en su propio partido. Por supuesto que tendrán responsabilidad en lo sucedido, pero menos o la misma que los citados anteriormente. El máximo responsable, para lo bueno y lo malo, es el alcalde, pero a Jiménez no le han querido importunar. ¿A quién culpamos? Pues a los que nada pintan ya en política. Lo hecho entonces por Rodríguez y Benítez Mota sí es grave, el primero por no hacer caso de los informes del que entonces mandaba en la Policía Local y al que ahora tienen puteado como segundo, afirmando que todo estaba controlado y que no pasaría nada.

   De poco sirvieron las palabras de los mandos policiales alertando de lo que podía pasar, una reunión en la que se coló sin haber sido invitado. Dijo Manuel Rodríguez que no hacía falta avisar a la Guardia Civil para que verificara si los fuegos estaban perfectamente instalados, que tampoco pasaría nada con las casetas, sin salida trasera y algunas colocadas en forma de U impidiendo el desalojo de emergencia en caso de peligro. No sirvieron así mismo las quejas policiales por la falta de un plan de emergencia en la feria, que no ha existido nunca, haciéndose después de lo que pasó con los fuegos. Se le dijo al ex-edil que tenía que haber un responsable que supervisase esta cuestión y no se hizo y se le recalcó varias el peligro que había en el ferial. Éstas sí son negligencias graves, pero el juzgado de Chiclana primero y el fiscal de Cádiz después no las han visto o no las han querido ver. Hay muchos testigos que pueden certificar esto, pero dudamos que los llamen.

Una de las afectadas por los impactos de los cohetes.

VISITA DE TÉCNICOS EN EXPLOSIVOS

   En diciembre de 2004 publicamos un artículo en primicia sobre la visita a la jefatura de la Policía Local de técnicos en explosivos de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos de Madrid. Hablaron con el mando que estaba de servicio esa noche y nos extrañó que no lo hicieran con el que en aquellos momentos era el máximo responsable del Cuerpo, Domínguez, como así se lo notificó dicho mando. Antes habían hablado con Manuel Romero, nombrado a dedo por Manuel Jiménez como nuevo jefe y que en 2002 era capitán de la Guardia Civil. Se entrevistaron estos técnicos con la Guardia Civil, donde se presentaron las denuncias y que es la responsable del control y fiscalización de explosivos y pirotecnia.

   A pesar de no haber hablado con Domínguez, ni con los mandos que advirtieron al edil de Seguridad Ciudadana de los peligros que había, ni de haber leído los informes que redactó el Oficial Jefe, las conclusiones que sacaron estos expertos son concluyentes.

CONTRADICCIONES

   Dicen que el informe se ha basado por lo facilitado por el juzgado de Chiclana y por sus pesquisas. Hablan de la contradicción del responsable de la empresa de pirotecnia Al-Andalus sobre las causas que motivaron que los cohetes impactaran contra el público, casetas y el muro. Primero dijo que podía ser por el viento, que tiró uno de los cañones y que el público estaba a unos cincuenta metros, para declarar meses después que uno de los fuegos al caer la carcasa lo hizo a la altura de uno de los cañones acuáticos y por ello la desvió, llegando el cohete a donde estaba el público.

   Dicen los TEDAX que no existe ningún documento sobre el tipo de cohetes lanzados, aunque por los restos encontrados pueden calificarlos de las clases III y IV, lo que implica que la distancia aconsejable sea de unos cien metros entre los artefactos y los espectadores. En la Orden de 20 de octubre de 1988 se regula la manipulación y uso de productos pirotécnicos en espectáculos públicos de fuegos artificiales, modificada un año después, sobre las medidas de seguridad a adoptar. Esas medidas irán encaminadas a prevenir los accidentes que se deriven “de su instalación, montaje y disparo de los artificios pirotécnicos, para lo que adquiere una especial importancia la denominada distancia de seguridad”.

INFORME DEMOLEDOR

   La distancia según estos técnicos y tras analizar los restos encontrados, debería haber sido de 3º a 50 metros para los explosivos de clase III y de más de cien metros para los de clase IV. Había unos cincuenta metros entre los fuegos y los espectadores. Vuelven a recalcar que carecen de documentos sobre los explosivos utilizados.

   Hacen referencia a la misma ley de antes sobre los planes de seguridad o emergencia. Corresponde al Ayuntamiento que antes de la celebración de este espectáculo elaborar un plan de emergencia para prevenir los riesgos que puedan producirse, antes, durante o después del espectáculo. Dice qué hay que hacer y cita una zona de seguridad que rodee al área de disparo y lanzamiento, “suficientemente ancha para facilitar el acceso de los servicios del plan de emergencia”. Nada de esto había.

    En base a la documentación analizada por estos técnicos “no se puede determinar si el Ayuntamiento de Chiclana había elaborado y activado algún plan de emergencia para la celebración del espectáculo pirotécnico que ocasionó el accidente”.

   Se puede decir más alto, pero no más claro. No disponen de informe municipal sobre la existencia de dicho plan, pero Benítez Mota sí hizo uno después de los incidentes asegurando que todo estaba en orden. A pesar de lo que dicen los técnicos en explosivos, el fiscal de Cádiz sólo implica a dos ediles que tienen menos responsabilidad que los que realmente son los que llevan estas cuestiones.

INFLUENCIAS DE LA ZONA HABILITADA PARA EL PÚBLICO

   Sobre este asunto también son claros: “El 16 de junio de 2002 gran parte del público se encontraba en un pasillo, formado al frente por la barrera del lago artificial y a su espalda por las cocinas de las casetas de feria, cuya presencia fue suficiente para potenciar los efectos de la explosión del artificio que allí impactó”. Ese pasillo “dificultó considerablemente la evacuación de la zona y el acceso de los servicios de emergencia”. Hubo avalanchas, aplastamiento de personas por la multitud, retirada de vallas para el acceso de vehículos, etc. En consecuencia “esa zona no reunía las condiciones necesarias para una actuación en caso de emergencia, además de encontrarse demasiado cerca de la zona de lanzamiento de los artificios”. Otra negligencia denunciada hace tres años que ahora corroboran los expertos.

TITULACIONES QUE NO TENÍAN

   Otra grave irresponsabilidad: El Reglamento de Explosivos contempla que todos los que manipulen este tipo de productos deberán estar en posesión de un carné de disparador acreditado. La documentación consultada por estos técnicos demuestra que ni el responsable de Pirotecnia Al-Andalus, ni las personas que colaboraron con él en la manipulación y montaje del conjunto de elementos que conformaban el espectáculo “poseían titulación de carné de

disparador”. ¿Por qué el Ayuntamiento no verificó esto? Esta empresa lleva varios años montando los fuegos en la feria y en Santa Ana, por lo que hemos estado en manos de Dios todo este tiempo. Otra grave negligencia del equipo de gobierno socialista.

   Son demasiadas irregularidades las cometidas por el PSOE municipal en este tema, y las responsabilidades de lo sucedido no pueden recaer en Varo y Delli-Paoli solamente. Hay otros concejales y técnicos que deberían sentarse en el banquillo de los acusados, no sólo como testigos. No murió nadie por suerte, pero ahora podríamos estar lamentando el fallecimiento de varias personas que acudieron a ver un fin de fiesta y lo único que podrían haber visto habría sido su final. Aun así, algunas de estas personas afectadas tendrán secuelas para toda la vida.

   Resulta curioso que dos ediles que ya no están sean los encausados, presumiblemente, mientras que los verdaderamente responsables estén en exilios dorados en la Junta, de persona de confianza del alcalde que gobierna al estilo chiclanero o como concejal de Seguridad Ciudadana, cuando este último, por ejemplo, hizo un informe después de los hechos contradiciendo otros de Domínguez sobre lo que podía suceder y que, desgraciadamente, no se equivocó. A los negligentes se les paga con buenos cargos y a Varo y Delli-Paoli se les purga, quitándoles de la lista y haciéndoles culpables de lo que paso hace tres años.

PACO LÓPEZ